El secretario de Estado de Hacienda y número dos de Cristóbal Montoro, José Enrique Fernández de Moya, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Jaén ha citado a declarar como investigado el próximo 5 de junio, junto a otras tres personas, por cuatro posibles delitos durante su etapa como alcalde de Jaén, según publica este martes la Ser.
Prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y cohecho y tráfico de influencias. Son los delitos que podrían serle atribuidos al existir evidencias, según el juez, tras una denuncia previa y un informe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Según dicho informe, Fernández de Moya "ordenó personalmente en contra de los informes y reparos de ilegalidad del interventor del consistorio jiennense, distintos pagos a la empresa MATINSREG, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital".
Además, añade que "se presentaron facturas falsas, incorporando conceptos y servicios facturados no ejecutados realmente, generando un sobrecoste de considerable gravedad para el ayuntamiento".
"Se facturaban de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, incrementando y suponiendo un coste para el Ayuntamiento superior a los 3.600.000 euros", añade el informe.
Hace unos meses la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) informaba de que el Ayuntamiento de Jaén es uno de los más endeudados de España, con una deuda superior al 300% de sus ingresos corrientes y un período medio de pago en 2017 de 553 días por encima de los fijados en la normativa vigente.
El actual secretario de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria llegó a la alcaldía de Jaén en 2011 tras criticar al PSOE e IU el elevado endeudamiento del consistorio, que en ese momento alcanzaba los 390 millones. Su gestión, lejos de bajar la deuda, la incrementó hasta los 550 millones, dejando a Jaén en una situación de quiebra. En el medio, el reconocimiento público por parte del propio Fernández de Moya de haber cobrado sobresueldos del PP entre 1999 y 2007.
