La desaladora de Escombreras acorrala al expresidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, después de que esta misma semana el juzgado de instrucción número 5 de Murcia ordenara el registro de la planta y un día después, del ayuntamiento de Cartagena, en cuya área da servicio esta planta construida por ACS. La escapatoria parece complicada porque la investigación se está llevando a la vez en tres frentes: el primero y más amable, la comisión de investigación de la Asamblea, donde Valcárcel y su enemigo y sucesor en la presidencia, Alberto Garre, han comparecido para dar explicaciones. Esta semana, otros cargos técnicos han hecho lo propio.
El segundo frente es el Tribunal de Cuentas, un organismo que no tiene tan sólo carácter consultivo ya que puede establecer multas cuantiosas. Según Antonio Urbina, diputado de Podemos en Murcia, "el Tribunal de Cuentas trabaja lento pero es muy fiable, con muy buenos profesionales, y ha establecido multas a los exalcaldes de Vitoria Alfonso Alonso y Javier Maroto".
Fue el sucesor de Valcárcel, Alberto Garre, quien puso en conocimiento de la Fiscalía los contratos dudosos
Pero el frente más temido por Valcárcel, el que realmente asusta es el tercero, el de la justicia. Por el momento, la Fiscalía está actuando de oficio ante las evidencias de contratos costosos entre ACS y Murcia. Unos contratos que supuestamente establecían en 600 millones el coste final para las arcas públicas de una desaladora cuyo coste real era de 108 y para la que se pidió un crédito de 114. Cuando llegó a la presidencia en marzo de 2014, y tras cavilar unos meses, fue el propio Garre quien puso en conocimiento de la Fiscalía estas supuestas irregularidades en los contratos. Una 'traición' que no se le ha perdonado en el partido, que le ha condenado al ostracismo.
ACS, por su parte, apura los días para designar a un representante que también deberá de acudir a Cartagena a ser interrogado por los diputados. El coste mensual de la desaladora es de aproximadamente un millón por mes y la Región de Murcia no tendría la propiedad de la misma hasta 2034. Partidos como Podemos están pidiendo que se acabe con estas condiciones, que consideran gravosas para las arcas públicas a favor de la empresa de Florentino Pérez.
Puntos por aclarar
Existen, según Podemos, al menos dos puntos de dudosa legalidad en el caso: "El primero es una tasación dudosa que vulnera la ley de patrimonio que precede al terreno. Los pagos se hacen con una tasación de unos terrenos que lo hace una consultora externa que no está reconocida como tasadora, que se llama American Uppriser. Esta tasadora es la que hace el informe de viabilidad financiera y se usa estos informes en lugar de los servicios jurídicos de Hacienda o la intervención general de la comunidad autónoma, se contrata a esta consultora y al bufete de abogados Ariño" y esos informes se utilizan para justificar la compra de la empresa sin hacer un anuncio público. Por todo ello se duda de que la empresa privada Desaladora de Escombreras S.A. se comprara de forma legítima, según Urbina.
En segundo lugar, se percibe un contrato "enormemente abusivo para una de las partes", la del erario público, por lo que se puede denunciar voluntad de engaño y "habría posibilidad de anular un contrato". En teoría, aún se deben unos 500 millones de euros a ACS, si bien el propio Valcárcel negó que se fueran a pagar 600 millones de euros a ACS.
¿Valcárcel investigado?
¿Será este caso, el de la desaladora de Escombreras el que acabe finalmente con una imputación del expresidente murciano? Al menos, en los pasillos de la Asamblea de Cartagena se comenta esta posibilidad. "Pero no será sencillo", advierten desde Podemos, pues el murciano ha protegido bien sus espaldas desde que en la primavera de 2014 abandonó la Región para pasar a ser eurodiputado. Siempre ha estado aforado, primero como presidente regional (donde respondería ante el TSJ de Murcia) y luego como diputado europeo.
"La responsabilidad directa parece recaer más sobre Antonio Cerdá, consejero de Agricultura y Agua, quien llevó directamente la adjudicación sin concurso de la planta y su gestión, así como del abogado Andrés Arnaldos, secretario de la desaladora", asegura Urbina. Pero no cabe olvidar que el propio Cerdá dijo en 2005 que la desaladora era un "proyecto personal" de Valcárcel.
Valcárcel ha protegido bien sus espaldas, aseguran en Podemos
Presidente durante 19 años de Murcia, Valcárcel ha salido por el momento indemne ante la justicia, siendo el único presidente de comunidad mediterránea en los años de la burbuja que no ha sido implicado directamente en tramas de corrupción. Y no por falta de casos polémicos: el aeropuerto privado de Corvera ha supuesto para las arcas autonómicas un quebranto de 180 millones de euros, mientras que el Paramount Park de Alhama, impulsado también por el gobierno regional, duerme el sueño de los justos tras prometer decenas de miles de empleos y un parque mastodóntico en pleno secarral. Marina de Cope, el 'caso Auditorio' con el concurso del actual presidente Pedro Antonio Sánchez... hasta en el sumario del caso Umbra salía nombrado su hermano Carlos Valcárcel Siso.
También Joaquín Bascuñana, exdelegado del Gobierno en Murcia y que fue consejero con Valcárcel, fue en su momento investigado por corrupción urbanística. Con tantos presuntos corruptos a su alrededor, es realmente llamativo que no se haya investigado por nada a Valcárcel, que fue presidente durante dos décadas de la región con más corrupción urbanística municipal de España, según el Instituto Francés de Geopolítica.
