La Fiscalía no se opuso a la petición del Partido Popular de preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas tomadas la noche en la que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, acudió a reunirse con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La juez terminó ordenando su conservación en una decisión ante la que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha definido “extrañado”.
"Tenemos un Estado en el que cualquier ciudadano puede poner una denuncia y que esa denuncia sea observada. No conozco estas actuaciones, sólo he visto titulares de prensa. Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que a priori suena un poco extraña la actuación, pero respeto absoluto, sería un mal juez si me pronunciara", ha dicho el ministro este miércoles en un desayuno informativo.
La formación que dirige Pablo Casado acudió a un juzgado de guardia este martes y lo solicitó como medida cautelar en paralelo a su denuncia contra Ábalos por prevaricación y desobediencia. La cuestión recayó sobre el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, que dirige la magistrada Susana Trujillano. Antes de adoptar su decisión de atender la demanda del PP dio traslado al Ministerio Público para conocer su opinión.
"No se opone a la solicitud"
En un escrito al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía se pronunció en relación a estas diligencias 402/2020: “El fiscal dice que no se opone a la solicitud formulada, interesando la conservación de las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas”. El escrito lo firma el fiscal Juan Pérez Martínez.
En su denuncia, el PP recordaba que Delcy Rodríguez tiene la prohibición de la Unión Europea no solo de acceder a territorio europeo Schengen, sino también de hacer escala en algún país comunitario por vulnerar los Derechos Humanos. Y en cambio se le permitió aterrizar aún sabiendo con antelación su llegada, como reconoció el Ministerio de Asuntos Exteriores. Posteriormente se le permitió bajar y permanecer durante horas en una Sala Vip, como desveló este periódico.
El PP recordaba que el plazo máximo de conservación de las imágenes, según la Ley de Protección de Datos expiraba este jueves. Pero añadía que este “debe suspenderse en caso de la existencia de una investigación judicial/policial de los hechos presuntamente delictivos que se hayan podido registrar en las imágenes”.
La Policía ya ha notificado a AENA
En ese sentido, solicitaban “con carácter inmediato” la medida cautelar “urgente” que el Juzgado solicitase a AENA conservar las imágenes obtenidas. La juez, tras escuchar a la Fiscalía terminó accediendo a ello en un auto al que ha tenido acceso este periódico. En él apercibe al órgano que gestiona el aeropuerto del riesgo de incurrir en un delito de desobediencia si no cumple con la orden. Fuentes policiales confirman a Vozpópuli de que la Policía notificó este martes a AENA el auto en el que se les ordena poner a salvo las grabaciones y no destruirlas.
Ya el 31 de enero la formación conservadora pidió a la Fiscalía General del Estado que abriera una investigación sobre lo sucedido. Desde esta Fiscalía se remitió la petición a la de la Comunidad de Madrid, que a su vez la derivó a la Fiscalía provincial de Madrid. Esta última se limitó a abrir diligencias, pero no llegó a realizar diligencia alguna, según informan fuentes fiscales.
Una vez que terminó la guardia del Juzgado en el que el PP presentó su denuncia, la juez remitió los hechos a reparto. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia informan de que este jueves se ha asignado el caso al Juzgado de Instrucción número 47 que dirige el mismo juez Adolfo Carretero, quien en 2017 archivó el supuesto espionaje al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González durante un viaje a Colombia. El tendrá que decidir si admite a trámite los hechos.
