"Se habrían evidenciado conexiones entre ambos y no solamente en el origen de parte de los fondos procedentes de PDVSA". El 22 de junio de 2017 agentes de la Policía Judicial encontraron en el domicilio de Nervis Villalobos -exministro de Energía de Venezuela- varios contratos de Petróleos de Venezuela (PDVSA): unos con dos sociedades de Alejo Morodo y otros con una de las mercantiles vinculadas a Juan Carlos Márquez, cuya firma figura en los acuerdos entre la petrolera y una de las empresas del hijo del exembajador Raúl Morodo.
La operación nada tenía que ver con la causa en la que se investiga al que fuera representante del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Según consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se desarrolló por orden del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el marco de otro caso de blanqueo de capitales presuntamente relacionado con el saqueo de la petrolera del gobierno bolivariano.
Aquellas pesquisas finalmente acabaron en la Audiencia Nacional, tribunal que investiga en otra causa a ex altos cargos de la Administración de Hugo Chávez y al grupo asturiano Duro Felguera por presuntos sobornos en Venezuela y blanqueo de capitales. Ambas instrucciones colindan con las investigaciones llevadas a cabo por el magistrado Santiago Pedraz contra la familia Morodo.
En el domicilio de Nervis Villalobos
En el marco de las investigaciones sobre los ingresos del exembajador de España en Venezuela, los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción explicaron en uno de sus informes que habían podido establecer que "las dos estructuras de introducción de fondos desde el extranjero vinculadas a la familia Morodo y al entorno de Juan Carlos Márquez no actuarían de forma independiente, sino que se habrían evidenciado conexiones entre ambos, y no solamente en el origen de parte de los fondos procedentes de la mercantil venezolana PDVSA". Se referían a la "documentación intervenida en la entrada y registro realizada en el domicilio de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y su esposa Milagros Coromoto Torres Moran".
Según consta en el escrito de la Policía Judicial, "los contratos de asesoramiento firmados por PDVSA involucraban no solamente a Furnival Barristers Corp como a Aequitas Abogados y Consultores SL [ambas propiedad de Alejo Morodo], sino también a otra mercantil española que se identifica como Marpra [administrada por Carlos Prada, ahora investigado en el caso Morodo, y vinculada a Juan Carlos Márquez, excargo de la petrolera venezolana que estuvo imputado en la causa hasta su muerte]".
El hallazgo en casa de Nervis Villalobos convierte al exministro venezolano en el vínculo entre las tres causas que se siguen en la Audiencia Nacional: la de la familia Morodo, la de los supuestos sobornos de Duro Felguera a cargos venezolanos y la del caso del presunto saqueo a PDVSA. Este excargo del chavismo, que está siendo investigado por la juez María Tardón, fue detenido en dos ocasiones en Madrid y actualmente se encuentra en libertad provisional.
Villalobos es requerido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela después de que la Fiscalía del país caribeño considerara que utilizó su "influencia en los círculos de poder" para organizar un sistema de comisiones en relación a contratos público de la petrolera. Es, además, solicitado por el tribunal de Distrito Sur de Texas (Estados Unidos), que pretende juzgarle por delitos de conspiración para cometer blanqueo de dinero, conspiración para violar la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero y blanqueo de dinero. Según las pesquisas del Principado de Andorra, Villalobos formaría parte del denominado Grupo Salazar, vinculado a Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo Rafael Ramírez, quien -según declaró el propio Márquez en sede judicial- se reunió con Raúl Morodo en sus oficinas de PDVSA.
Pesquisas contra Márquez y Prada
Fue gracias a la documentación encontrada en su domicilio que se iniciaron las diligencias contra los venezolanos investigados en el caso Morodo. La fiscal explica que fue un "hallazgo casual". Según detalla en su querella, ordenó investigar a Márquez y a Prada después de que le presentaran la documentación "relevante" incautada en la casa de Alcobendas del exministro de Energía de Venezuela.
Dicho hallazgo, además, motivó la ampliación de la querella contra el entorno familiar y empresarial de Márquez y Prada. Y conllevó a la práctica de "nuevas diligencias de investigación consistentes en dos informes policiales (...), análisis de cuentas bancarias y de información tributaria". Actualmente se investiga a las esposas de ambos venezolanos, Ana Korina Ulloa y Marisol Valera, y a cuatro sociedades mercantiles vinculadas.
Según consta en la querella, "se encontraron diversos archivos informáticos y documentos que evidencian la relación existente entre el entorno de los querellados anteriores [la familia Morodo] y los ciudadanos de nacionalidad venezolana (...) en lo relativo a la recepción de fondos no justificados desde PDVSA y la utilización de mecanismos similares para intentar dotarlos de apariencia legal y desvincularlos de su origen presumiblemente ilícito".
Desde enero de 2019, la Audiencia Nacional investiga a la familia Morodo y a los dos matrimonios venezolanos por presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública. La Fiscalía cifra en 4,5 millones los fondos percibidos por el núcleo del exembajador procedentes de PDVSA hasta la fecha "carentes de toda justificación real". Y estima en 16,7 millones de euros las inversiones inmobiliarias de los venezolanos imputados.
