El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha vivido momentos de cierto apuro en su comparecencia en el parlamento andaluz por el caso de los ERE irregulares, y donde ha protagonizado un enfrentamiento airado con el portavoz del PP, al que ha acusado de "querer dar mala imagen de Andalucía" por poner en duda sus procedimientos mientras fue presidente de la Junta de Andalucía. Chaves ha admitido que ha podido haber una utilización "abusiva del procedimiento, presuntamente abusos de confianza y actos contrarios al derecho y punibles", y se ha mostrado partidario de que "sean quienes sean, caiga todo el peso de la justicia sobre los que han podido cometer actos ilícitos".
"Siento el mismo dolor que han podido sentir la mayoría de andaluces con este tipo de actos, pero no pueden menoscabar ni poner en entredicho la honestidad y la honradez de toda una administración", ha apostillado.
Relación con el imputado Guerrero
Chaves se ha visto especialmente arrinconado al ser preguntado sobre su relación con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y uno de los principales imputados en la trama, con sonadas declaraciones de su chófer en las que aseguraba que mantenía un consumo de cocaína diario y un derroche de dinero público.
Chaves ha dicho que "en ningún momento el Consejo de Gobierno" que presidió "conoció, informó, avaló o aprobó medidas irregulares o actos ilegales" en relación al programa 31L de ayudas socio-laborales a empresas en crisis o al pago de los ERE, informa Efe.
Chaves, que ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares, ha defendido la legalidad del programa 31L y ha afirmado que "calificarlo de opaco o de fondo de reptiles es una desmesura, una falsedad y una descalificación intolerable que sólo puede derivar de una mente perversa".
El término de "fondo de reptiles" fue acuñado en su día por Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y con el que Chaves ha negado haberse reunido nunca a solas. Guerrero, acusado de utilizar parte del dinero para drogas y prostitutas, es el principal imputado en la trama de los ERE de la Junta y permanece en prisión desde el pasado 9 de marzo.
Chaves ha explicado que el programa 31L respondía a una "legítima y legal acción del gobierno de la Junta" de lucha contra el desempleo y ha destacado que contaba con el aval de los empresarios y de los sindicatos y del Parlamento, aunque ha precisado que "no quiere trasladar la responsabilidad" a la Cámara autonómica.
Ha informado de que la ejecución del programa 31L era competencia de la Consejería de Empleo y, por tanto, el "Consejo de Gobierno no podía conocer, no tenía por qué conocer la gestión, el día a día de las distintas Consejerías u organismos de la Junta".
Ha defendido que todas las ayudas concedidas por la administración que presidió durante diecinueve años respondían a una "administración honrada y cumplidora con la ley".
