Ni apertura de expedientes disciplinarios ni, tan siquiera, reprimendas en privado. El Ministerio del Interior ha decidido mantenerse al margen de la llamada 'guerra de comisarios' que se ha desatado a raíz de la investigación del llamado 'caso Nicolay', en el que se investigan las andanzas del célebre Francisco Nicolás. Y ello a pesar de que el informe remitido recientemente al juez que instruye la causa, Arturo Zamarriego, por uno de los altos mandos policiales implicados en la reyerta, el comisario Marcelino Martín-Blas, ha reactivado la polémica al pedir la imputación de catorce personas, entre ellas la del número 2 de la Policía, el comisario Eugenio Pino, y varios miembros de su equipo, incluido el polémico José Villarejo. Altos cargos del departamento que dirige en funciones Jorge Fernández Díaz aseguraban este viernes a Vozpópuli que se ha optado por no tomar ninguna medida contra los implicados y dejar que sean el magistrado y el fiscal del 'caso Nicolay', Alfonso San Román, quienes decidan. El argumento esgrimido es que, al estar judicializada la investigación, "poco margen tenemos".
Altos cargos del Ministerio justifican la pasividad del departamento de Fernández Díaz en el hecho de que el informe policial forma parte de una causa judicial en marcha: "Poco margen tenemos"
El enfrentamiento entre los altos mandos, que viene de lejos aunque había permanecido larvado en los últimos meses, se ha recrudecido tras salir a la luz el informe elaborado por el comisario Martín Blas a instancia del juez Zamarreño sobre la grabación y posterior filtración de una conversación que había mantenido el 20 de octubre de 2014, el día antes de la detención del 'Pequeño Nicolás', el propio policía con dos subordinados de la que entonces era su unidad, Asuntos Internos, y otros tantos agentes del CNI sobre la investigación del presunto estafador. El documento, de más de 500 páginas de extensión, concluía que dicha grabación se había producido a través del móvil del propio comisario, que había sido 'hackeado' con una aplicación que permitía utilizar el teléfono como micrófono sin que lo percibiera su propietario. El informe relaciona dicha grabación y su posterior difusión a varios medios de comunicación con catorce personas, entre ellas los cuatro mandos policiales, por lo que solicitaba al magistrado que les tomase declaración como investigados (antes, imputados), además de la intervención de sus móviles y, en el caso del comisario Villarejo, su detención mientras se registraba su vivienda. A los cuatro agentes los consideraba posibles autores de los delitos de revelación de secreto, encubrimiento, contra la Administración de Justicia e, incluso, pertenencia a organización criminal.
El documento llega a hablar de una "actuación coordinada" para sabotear la instrucción del 'caso Nicolay' en la que habría tenido una participación activa el director Adjunto de la Policía (DAO), el comisario Eugenio Pino, al que acusa de "intromisión" y de crear "dificultades y obstáculos" a las pesquisas. En este sentido, llega a hablar de "connivencia" entre él y su subordinado, el comisario Villarejo, "con el único interés de proteger a este comisario policial dándole cobertura institucional en sus actuaciones, varias de ellas ilícitas e irregulares". De hecho, el informe habla de varias reuniones celebradas en el despacho oficial del DAO en las que supuestamente se pidieron explicaciones al autor del documento policial y sus agentes sobre las investigaciones que estaban realizando y que ya afectaban al comisario Villarejo, que también participó en dichos encuentros.
Oposición del fiscal
La contundencia de las acusaciones del informe policial no han encontrado el respaldo del fiscal del caso, Alfonso San Román. Una oposición que no es nueva. De hecho, cuando los agentes de Asuntos Internos solicitaron autorización para solicitar a las compañías de telefónica diversa información sobre los tráficos de llamadas y posicionamiento de los móviles de los policías y los periodistas, se opuso a ella al considerar que no estaba justificada. Tras la entrega del documento, ha mantenido dicha postura y, en el escrito que entregó en el juzgado el pasado 8 de junio, se mostró abiertamente contrario a las diversas peticiones de imputación, detención y registros que planteaba el comisario Martín-Blas. Sólo ha apoyado citar como investigado a uno de los periodistas, Carlos Mier, autor de la primera noticia sobre la detención del Pequeño Nicolás y de otra posterior sobre la grabación, al apreciar indicios "relevantes" que le incriminan en la "producción" del archivo de audio. Mier trabaja en el diario digital 'Información Sensible', vinculado al propio comisario Villarejo. Hasta ahora, el juez Zamarriego no se ha pronunciado sobre el escrito del fiscal.
Dos sindicatos han pedido a Interior que actúe contra el comisario autor del informe, mientras que un sector de la institución pide ir también contra Villarejo y critica la pasividad del Ministerio
La salida a la luz del documento policial y sus conclusiones ha provocado reacciones de todo tipo en el seno de la propia Policía. Así, dos sindicatos de agentes, la Unión Federal de la Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), emitieron un comunicado conjunto en el que solicitaban al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que abriera un expediente disciplinario al autor del mismo, el comisario Martín-Blas, al que acusaban de haber redactado el mismo como una "vendetta personal" por su cese como máximo responsable de la Unidad de Asuntos Internos. En el escrito, que no fue secundado por las otras tres organizaciones sindicales representativas, tildaba las acusaciones contra los cuatro agentes de "falsas" y las encuadraba en "un ánimo de venganza ciega que a quien perjudica es a la propia Policía". En el texto, la UFP y el SPP hacían hincapié, precisamente, en la oposición que ha mostrado el fiscal del 'caso Nicolay' a practicar las diligencias propuestas por el autor del informe y reproducían el argumento de que "las acusaciones carecen de la mínima fundamentación para hacerlas".
Altos mandos policiales consultados por este diario en las últimas horas comparten estas críticas e, incluso, ponen en duda la legalidad de las pesquisas que permitieron la elaboración del documento policial. En este sentido, destacan que la recogida de datos respecto a los teléfonos de los agentes para los que pide la imputación es ilegal ya que los mismos, en su condición de teléfonos oficiales (uno de ellos está destinado en la lucha antiterrorista), están supuestamente sujetos a la ley de secretos oficiales. Estas fuentes también critican que se hayan recogido datos de una docena de periodistas, cuando algunos de ellos no habían salido hasta ahora en las diligencias. "Estamos seguros de que ha engañado al juez para hacer barbaridades. A ver cómo lo justifica", señala uno de los altos mandos. No obstante, su posición no es compartida, ni mucho menos, por todo el colectivo. Otros agentes consultados se muestran molestos por la "politización" que refleja esta 'guerra de comisarios' y también reclaman medidas disciplinarias, "pero contra todos. Están dejando la imagen de la Policía Nacional por el suelo y el ministro del Interior no mueve un dedo", critican.
Enfrentados desde la 'Operación Emperador'
Curiosamente, los dos principales protagonistas de la 'guerra de comisarios', Villarejo y Martín-Blas, habían trabajado juntos. Sin embargo, la relación entre ambos altos mandos de la Policía se fue deteriorando a raíz de la investigación que llevó Asuntos Interior en el 'caso Emperador' sobre los supuestos vínculos entre un grupo de policías y la mafia china. En uno de sus informes, se vinculó a la red con un hijo de Villarejo, a pesar de que no era funcionario del cuerpo. La condición de policía de su padre fue el argumento utilizado por los agentes de Asuntos Internos para incluirlo en aquel documento. Desde entonces, el enfrentamiento entre ambos ha ido a más y ha tenido su momento culminante, precisamente, por el 'caso Nicolay', que lleva desde sus inicios la Unidad de Asuntos Internos que entonces encabezaba Martín-Blas. Villarejo denunció a su compañero al identificarle en un informe con la persona de edad que aparecía en una imagen tomada al 'Pequeño Nicolás' durante un seguimiento.
El enfrentamiento entre los dos comisarios viene de la 'Operación Emperador', cuando el entonces jefe de Asuntos Internos citó al hijo de Villarejo en un informe sobre los vinculos de policías con la mafia china
Aquel incidente terminó con el cese de Martín-Blas y su traslado a un puesto burocrático, el Consejo Asesor del director general de la Policía. Sobre su rival, la institución también abrió un expediente informativo para aclarar si sus actividades empresariales, aireadas entonces por la prensa, eran compatibles con su cargo. Finalmente fue cerrado sin consecuencias para el mismo. El cambio de destino de Martín Blas no supuso, sin embargo, que abandonase las pesquisas sobre el Pequeño Nicolás, al frente de las cuales siguió por orden del juez Zamarreño. Para ello, lo situó al frente de la comisión judicial e, incluso, ordenó que no informara a sus superiores, en este caso el comisario Pino, de sus gestiones. Con este mandato ha elaborado el informe que ha reactivado la 'guerra de comisarios'. Un enfrentamiento en el que Interior ha decidido no actuar y dejar que sea el magistrado y el fiscal quienes tomen las decisiones.
