El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga la denominada operación Soule por la que permanecen en prisión el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar; el hijo de éste Gorka Villar; y el ex vicepresidente económico Juan Padrón, ha interrogado esta semana a una testigo clave, que según fuentes del caso se ocupaba de la contabilidad del organismo federativo.
La identidad de la testigo no ha trascendido, ya que el juez Pedraz mantiene el secreto de las actuaciones ya que la investigación del caso está en una etapa muy incipiente. Las mismas fuentes del caso citadas aseguran a este diario que Pedraz trata de conocer la versión de los trabajadores de la Federación, para determinar el alcance de las irregularidades cometidas en la contabilidad del organismo federativo, en el que Villar y su hijo Gorka podrían haber cometido un desfalco de varios decenas de millones de euros.
Además, siempre según la información recabada por Vozpópuli, la declaración de la directora de la Selección Española de Fútbol, María José Claramunt, que según varios medios de comunicación se producirá en calidad de imputada, está prevista para este viernes.
Ausencia de contratos
En el auto con el que Pedraz acuerda el ingreso en prisión de Villar el magistrado hace alusión a las conclusiones de una auditoría del Consejo Superior de Deportes (CSD) que denunciaba "la inexistencia de un criterio formal que determine las cuantías de la retribución variable de los empleados y la ausencia de contratos escritos con el personal reputado de alta dirección" de la Federación de Villar.
Entre los excesos de Villar en las contrataciones el magistrado destaca el despido y posterior contratación de la secretaria general de la Federación, Esther Gascón, que percibiría con esta "estrategia" 300.000 euros, "formalizando su cese en la relación laboral con la Federación bajo una indemnización de dicha cuantía de dinero para posteriormente ser nuevamente contratada", completa el auto del juez.
El juez investiga una salida de 500.000 euros, "que por circunstancias que se desconocen se habrían utilizado para favorecer a Villar"
Pedraz también analiza en la contabilidad de la Federación un movimientos de 500.000 euros, que según las grabaciones estarían vinculados con la mutualidad de los futbolistas. El auto de Pedraz relata en este sentido que el ex administrador general de la RFEF José María Castillón le dijo a Juan Padrón que estaba valorando denunciar "una salida de fondos de la Mupresfe de la Federación, concretamente 500.000 euros, que por circunstancias que se desconocen se habrían utilizado para favorecer a Ángel María Villar". Sin embargo, el vicepresidente económico, Juan Padrón, "le advierte de que tenga cuidado" porque esa denuncia también le podía perjudicar a él".
En la Operación Soule permanecen imputadas una cuarentena de personas, que están citadas a declarar desde este martes, vinculadas a las actividades presuntamente delictivas de los Villar. En el auto de prisión, el magistrado explicaba que el presidente de la federación desde hace 29 años creó esa red corrupta, que englobaba a las federaciones territoriales y a organismos vinculados a ellas, "con conocimiento y consentimiento de los principales dirigentes de esos organismos y con la voluntad de enriquecerse y favorecer el enriquecimiento de terceros".
Clientelismo
Según el juez, usó varias sociedades para el desvío del dinero y estableció además un "clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente bien a través de familiares". Esto lo hace, indicaba Pedraz, "al menos desde 2009, en el ámbito de todo el territorio nacional".
Además, en la causa se investigan varios partidos amistosos internacionales de la selección española en los que supuestamente Villar cobró comisiones a través de su hijo, sobresueldos a los directivos de la RFEF, sobornos a presidentes de federaciones territoriales, contratos amañados de material deportivo y un perjuicio de 51,7 millones a la federación por la rescisión de varios contratos.
