El empresario Juan Miguel Villar Mir ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo sus dudas sobre la autenticidad de las grabaciones que constan en el sumario de la investigación. El fundador de OHL, que ha reclamado en un escrito los audios de las llamadas que le fueron intervenidas, ha considerado intolerable que la Guardia Civil hiciera la operación del volcado de los pinchazos telefónicos sin la presencia de un letrado de la Administración de Justicia, "desconociéndose la fecha y la forma de ejecución".
Villar Mir se refiere a las intervenciones telefónicas que se adoptaron por orden del magistrado en diciembre de 2017 sobre varias personas investigadas en un pieza en la se averigua si la empresa OHL abonó importantes cantidades de dinero a funcionarios públicos. Entre los cargos que habrían recibido los presuntos sobornos se encuentra imputado el expresidente madrileño Ignacio González, como presunto receptor de una mordida de 1,4 millones.
"Si se aceptó -pese a su fragilidad jurídica- que el volcado fuese verificado por la fuerza policial, en sus dependencias y en ausencia de las partes con la condición de contar documentalmente con las garantías de fehaciencia del letrado de la Administración de Justicia, lo que no es aceptable es que, ahora, todo quede en nada", han señalado los abogados en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En este sentido, la defensa ha criticado con rotundidad que el Juzgado Central de Instrucción número 6 siga "sin acreditar, de modo fehaciente, la fecha en la que los discos duros aportados por esta parte fueron entregados a la fuerza policial para las labores de volcado y la fecha en que fueron devueltos".
"Tampoco hay constancia de si esos dispositivos fueron objeto de 'viajes de ida y vuelta' al Juzgado", ha señalado el equipo de letrados de Villar Mir. Por ello, el empresario "colige" que los originales de las conversaciones que le fueron intervenidas "no obran en el Juzgado".
"Derecho a una copia"
Pese a dichas afirmaciones, en el mismo escrito sus abogados han reclamado una copia de las grabaciones originales al alegar que, al tratarse de evidencia legal, "han de obrar en el Juzgado, por lo que las partes tienen derecho a que la copia o volcado de las mismas sea realizado bajo la fe del letrado de la Administración de Justicia".
Con esta petición, los abogados han reiterado la solicitud que ya presentaron en marzo de 2018. Aquel requerimiento fue desestimado después de que el anterior secretario judicial rechazara estar presente durante la operación de volcado de las conversaciones por la "imposibilidad material de estar presente" en el acto que, a su juicio, sería "muy extenso" y podría prolongarse "durante días".
Ahora, la defensa ha vuelto a pedir los audios después de que -según ha asegurado en su escrito- el actual letrado de la Administración de Justicia admitiera que no estuvo presente en los volcados de las conversaciones realizado por la Policía.
Las llamadas interceptadas
Por estas mismas grabaciones, la defensa presentó en septiembre de 2018 una querella contra el juez ante el Tribunal Supremo. Le acusaba de un supuesto delito de prevaricación por haber autorizado pinchazos entre el empresario y los letrados. Finalmente, en febrero, el Alto Tribunal inadmitió a trámite la acción judicial al no apreciar ninguna infracción penal en las intervenciones.
En el auto, con fecha 11 de abril, el magistrado señaló que el contenido de las llamadas telefónicas podría "ser utilizado como medio de investigación o prueba en otro proceso penal". En ese mismo escrito, se avisó de que aquellos que conversaron por teléfono con Villar Mir y fueron grabados aunque no estaban siendo investigados no serían notificados por las autoridades.
