Después de las elecciones generales, la crisis económica se dejará notar de forma muy severa en las instituciones. Parla, Moratalla, Valverde del Camino, Jerez de la Frontera, Madroñera, Orcera, Cazorla, Aljaraque, Isla Cristina, Almonte, Benalmádena, Coín, Los Barrios o Barbate son algunos de los dos centenares de municipios españoles que ya deben nóminas a sus empleados y negocian con ellos expedientes de regulación que incluyen reducciones de jornada y rebaja de sueldos. Fuentes de los dos principales partidos políticos coinciden en que cuando pase el 20-N esta situación se generalizará en toda España, teniendo en cuenta los problemas que encaran las corporaciones municipales para refinanciar una deuda que supera los 35.000 millones de euros.
En la mayoría de los ayuntamientos españoles el adelgazamiento de las plantillas se centra, de momento, en el personal laboral. En total, los municipios dan empleo a 600.000 personas, de las cuales 200.000 son funcionarios de carrera con el correspondiente blindaje y el resto trabajan como contratados laborales. Es en este último colectivo, sobre todo, donde se va a centrar la reducción de empleo público, un proceso que ya va muy adelantado en las comunidades de Madrid, Andalucía, Cataluña y Canarias. El colapso financiero no distingue colores políticos y afecta a municipios gobernados tanto por la derecha como por la izquierda. Pasada la frontera de las legislativas, señalan las mismas fuentes, el problema emergerá en toda su crudeza porque tanto el PP como el PSOE lo reconocerán sin pelos en la lengua.
La reforma que se avecina en el ámbito municipal se hace obligada teniendo en cuenta que desde hace tiempo la mayoría de los ayuntamientos ya no ambiciona el desempeño de nuevas competencias, a la vista del desplome de los ingresos tributarios y de la falta de cobertura financiera. De hecho, las mismas fuentes reconocen que muchos de ellos han puesto ya en conocimiento de las altas instancias políticas que los gobiernan la urgencia en desprenderse de las competencias impropias, en la mayoría de los casos relacionadas con la atención a los inmigrantes, las políticas activas de empleo, las becas de guardería o las actividades deportivas. Ante la elección de seguir sufragando estos gastos o tener que cortar la luz, el teléfono o el pago de las nóminas, buena parte de los afectados optarán por adelgazar sus atribuciones.
Deuda disparada
En la actualidad, se calcula que las corporaciones locales gastan de media un 30% de su presupuesto en servicios que no les corresponde. En el caso de Madrid, por ejemplo, este porcentaje supera el 24%. El problema se agrava porque su exposición a bancos y cajas ha aumentado con la crisis y su deuda se ha disparado un 58% de media. En los últimos siete años, la de Madrid ha crecido un 390% y la de Málaga el 100%. La vicepresidenta Elena Salgado ha querido frenar la bola de nieve taponando el acceso a la refinanciación a aquellos ayuntamientos cuya deuda viva supera el 75% de sus ingresos, una ecuación que seguramente retocará el PP si llega al Gobierno. En muchos de ellos, el peso de las nóminas sobre los gastos totales supera el 50%.
La eliminación de corporaciones locales al estilo griego se antoja difícil de ensayar en España porque, según se apunta en el PP y el PSOE, haría falta un pacto de Estado a muchas bandas muy difícil de articular. Y eso, a pesar de que el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, ha llegado a hablar de fusiones frías entre municipios teniendo en cuenta que casi el 60% de los 8.116 existentes en España tiene menos de mil habitantes, más del 83% se sitúa por debajo de los 5.000 y menos del 1% reúne a más de 100.000.
