El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha frenado in extremis un plan de urgencia para subir el precio de los carburantes entre un 10% y un 20%, al objeto de recaudar fondos con los que lograr cuadrar el objetivo de déficit para este año, cifrado en el 6% del Producto Interior Bruto (PIB). El ministerio de Economía que dirige Elena Salgado tenía listos los cálculos pertinentes, que, para el rango de incremento citado, estimaban un aumento de los ingresos fiscales de entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales, con lo que al último trimestre del año en curso le corresponderían unos 700 millones.
“El aumento del precio de las gasolinas es el único mecanismo que el Gobierno tiene a mano para lograr ingresos fiscales de forma casi automática”, asegura una fuente perfectamente al tanto de la operación. “Aun sabiendo la impopularidad de la medida y su coste electoral, Salgado estaba decidida a ponerla en marcha a finales de septiembre. La oposición de Alfredo Pérez Rubalcaba y la relajación de la presión sobre Grecia ha llevado al Ejecutivo a guardar el proyecto en el cajón, con idea de que sea el futuro Gobierno del Partido Popular el que se coma ese marrón”.
La clave de este frustrado aumento de los precios de los carburantes radica en una realidad ominosa: cada día parece más claro que España no podrá cumplir el objetivo de déficit, el citado 6%, a que se había comprometido ante sus socios europeos. Ángel Laborda, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), lo decía claramente en un artículo publicado en el diario El País el pasado día 9: “Conclusión: va a ser difícil que al acabar el año el déficit público baje del 8% del PIB, dos puntos más de lo previsto y comprometido”.
La impresión general es que ha sido el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, el citado Rubalcaba, quien ha frenado en seco esta iniciativa, para disgusto de la ministra Salgado. “Esos 700 millones no son gran cosa, pero a lo mejor eran suficientes para no rebasar el 7%, porcentaje a partir del cual perderemos toda credibilidad. Pero, por encima de todo, era enviar a los mercados un mensaje de compromiso firme con la reducción del déficit, al revés que italianos y griegos”.
El banco suizo UBS estimaba, por su parte, el pasado día 11 el déficit español para 2011 entre el 7% y el 8%, por lo que “el nuevo Gobierno tendrá que hacer nuevos recortes del gasto y posiblemente aumentar el IVA y el impuesto de sociedades”. El pasado 3 de septiembre, el cuadro de coyuntura que mensualmente publica Funcas, arrojaba una media de consenso entre los distintos institutos de análisis españoles del 6,5%, aunque Analistas Financieros Internacionales (Emilio Ontiveros, hombre próximo al Gobierno socialista) lo elevaba al 7%, y el Centro de Predicción Económica al 7,1%.
Laborda y su jefe, Carlos Ocaña
Lo llamativo del caso de FUNCAS y su astronómico 8% es que el teórico jefe de Ángel Laborda es ni más ni menos que Carlos Ocaña, ex secretario de Estado de Economía hasta el pasado 9 de junio y actualmente director general de Funcas. La pregunta es obligada: ¿Comparte Ocaña, un hombre que necesariamente debe tener frescos los números “buenos” que maneja Economía, la predicción de Ángel Laborda? Ayer no fue posible contactar con ninguno de los dos, a pesar de haberlo intentado.
“Si el déficit público quedara finalmente en un 6% y unas décimas, incluso en ese 6,5% de media de consenso, el asunto, con ser grave, sería asumible”, aseguraba ayer a este diario un destacado economista madrileño. “El problema es que cada día somos mayoría los que pensamos que el guarismo final estará más cerca del 8% que del 6%, y eso puede ser un desastre”. España se ha comprometido ante Bruselas a reducir el saldo negativo de las cuentas públicas al citado 6% este año, al 4,4% para 2012 y al 3% para 2013.
Muy probablemente como respuesta al torpedo de Laborda y FUNCAS, la ministra Salgado salió a escena el viernes pasado, día 14, para “garantizar” que el Gobierno cumplirá el objetivo de déficit del 6% para todas las Administraciones Públicas. Según el diario El País, el secreto estaría en un colchón de 4.000 millones de euros que provendría de los ingresos de la reciente subasta del espectro radiofónico (1.800 millones recaudados, con idea de captar otros 200 en las próximas semanas), así como por el menor pago por intereses de la deuda, apartado en la que el Gobierno ha logrado ahorrar otros milagrosos 2.000 millones.
El IVA (18%), el impuesto de ventas minoristas y el impuesto de hidrocarburos representan el 50% del precio del diesel y la gasolina que los españoles pagan cuando acuden a la gasolinera a repostar. La potencia recaudatoria de los hidrocarburos para la Hacienda Pública es, por tanto, muy grande, aunque hay países en los que es incluso mayor. En el Reino Unido, por ejemplo, los impuestos indirectos pueden llegar a suponer el 64% del precio por litro.
