El núcleo duro de la reforma de las pensiones, el que permitirá cotizar a becarios (dos años como máximo), amas de casa y empleadas del hogar, ya está aprobado. Pero otra de las patas del Pacto de Toledo, el último tramo, el que afecta a los trabajos penosos que deben ser incluidos en un régimen laboral especial, no está tan claro. A menos de un mes de las elecciones, esta vía solo puede prosperar si el Consejo de Estado lo aprueba por la vía urgente para que el Consejo de Ministros lo ratifique después. 

Eso si el Consejo de Estado lo ha recibido ya. Aunque los sindicatos creen que este órgano empezará a estudiarlo a partir del lunes 24 de octubre, un miembro del consejo ha respondido a Vozpópuli que no tiene constancia de la llegada de tal documento.

“Estamos preocupados”, revela Carlos Bravo, el responsable de Comisiones Obreras durante los nueve meses que ha durado la negociación. “Esperamos que el Gobierno cumpla sus compromisos”. Los plazos se han ido estrechando. El próximo viernes es impensable el visto bueno del Consejo de Ministros. El siguiente llega al final de un largo puente. Y luego están el viernes 11 de noviembre (cuando los sindicatos esperan que se apruebe) y el 18, a dos días de las elecciones.

La reforma del régimen de penosos afecta, principalmente, a su procedimiento. Se trata de un régimen que establece, entre otras cosas, una reducción en la edad de jubilación en las profesiones consideradas más duras. Y lo que los agentes sociales han pactado ha sido, precisamente, la manera de decidir cuáles de estos oficios y cuáles no deben pasar a formar parte de un régimen especial.

“El texto que pactamos obliga al Gobierno a, en primer lugar, realizar un estudio sobre la severidad de las profesiones en boga. Y en segundo lugar, le obliga también a mantener un diálogo social con nosotros y con la patronal”, explica Carlos Bravo.

De lo que se trata, así pues, es de evitar lo que sucedió en octubre de 2009. Entonces, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero votó una enmienda con PNV a los Presupuestos Generales del Estado para adelantar la edad de jubilación a los ertzainas. Una medida que sentó mal a las centrales sindicales porque se acordó fuera del Pacto de Toledo y porque “margina a otros cuerpos similares, como los Mossos D´Esquadra o la Policía Foral de Navarra”, critica un cuadro sindical.