El comprador de la CAM se encontrará la entidad con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) totalmente completado, a pesar de que en el calendario inicial el proceso tenía previsto alargarse hasta los primeros meses de 2012. Así lo han querido los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que dirigen la entidad desde su intervención, el pasado mes de julio. Desde septiembre, el organismo dependiente del Banco de España ha acelerado tanto el proceso de cierre de oficinas de la caja alicantina como la salida de trabajadores a través de las prejubilaciones.
“Los bancos que pujan por la CAM querían tener solucionado el tema del ERE y así se lo han hecho saber al Banco de España, que finalmente también ha accedido a esta petición”, aseguran fuentes conocedoras del proceso. En la hoja de ruta estaba previsto que este mes se cerraran una veintena de sucursales en toda la red de Caja del Mediterráneo, afectando de forma más intensa a las provincias que en los últimos años han representado las zonas de expansión de la caja. De hecho, el grueso de los cierres de este mes se iba a concentrar en Andalucía, ya que en los territorios tradicionales como Alicante y Murcia, sólo están previstos dos o tres clausuras. El ritmo de cierre continuaría hasta el primer trimestre de 2012, cuando se llegaría a las 107 oficinas clausuradas. Sin embargo, las órdenes de los administradores del FROB ha agilizado todo el proceso.
El nuevo comprador recibirá una red con 841 oficinas operativas, una cifra sensiblemente inferior a las más de 1.000 que llegó a alcanzar hace unos años. La mitad de ellas se cierran en Alicante, donde tiene su origen y mayor implantación. En esta provincia la caja dispone 159 oficinas y podría quedar rondando el centenar. En Valencia espera cerrar 15 oficinas, con lo que en la Comunidad Valenciana quedaría por debajo de las 350 sucursales, frente a las 410 que posee según los últimos datos. En Murcia, su otro territorio tradicional, espera clausurar 18 de las más de 150 oficinas con que contaba el pasado ejercicio. Además, cierra una en Barcelona, cuatro en Tarragona, una en Lleida, seis en Baleares, dos en Madrid y una más en Sevilla.
200 millones de coste
Paralelamente, al adelgazamiento de la red, los nuevos gestores cerrarán antes de final de este mes el plan de prejubilaciones acordado y aprobado antes de la intervención. Tras dos tandas de 250 y 158 salidas -junio y julio-, a finales de septiembre está previsto que 55 empleados de la CAM con más de 55 años se prejubilen.
Al tratarse de una reactivación del ERE pactado en el Banco Base, el proyecto fallido de fusión con Cajastur y las cajas de Extremadura y Cantabria, se mantienen no sólo las condiciones sino también número de personas que abandonan la caja. La mayor parte de los despidos se realizará mediante prejubilaciones, concretamente 850. Se pueden acoger a esta medida los que superen los 55 años de edad y diez años de antigüedad en la caja. Se van con un 80% del salario. El coste de estas prejubilaciones para la caja ronda los 200 millones de euros, de los que 147 se dotaron el año pasado.
La mayor parte de las salidas se van a producir entre los empleados de oficinas, de las que se irán 567 personas. Paralelamente, 202 dejan los servicios centrales y otros 84 saldrán de los departamentos de apoyo a la red–como las direcciones territoriales y de zona–. El origen de los restantes 120 está por determinar.
