Pocos días después de que el tercer teniente de alcalde de Madrid y delegado de Hacienda, Juan Bravo, anunciara en el pleno que la operación de subrogación de la deuda (que asciende a más de 2.200 millones de euros) estaba ya firmada con las catorce entidades financieras involucradas, la sociedad Madrid Calle 30 celebró una junta de accionistas en la que se aprobó una reducción de capital, aproximadamente un 4%, que tenía por objeto devolver las aportaciones a los accionistas.

Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes cercanas al proceso, se trata de un primer paso para proceder al desmantelamiento de la sociedad, por la que el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido fuertemente criticado por la oposición, que le acusa de haber generado un sobrecoste de hasta 2.000 millones de euros por la idea de hacer descansar la deuda de las obras de soterramiento parcial de la autopista de circunvalación en una instrumental.

La maniobra de desmantelamiento de la sociedad, en la que también participan Ferrovial y Dragados (cabecera de construcción de ACS), con sendos paquetes de acciones del 10%, viene a dar la razón a aquéllos que sostienen que la subrogación de la deuda no es sino una rectificación de una decisión errónea tomada por Gallardón a finales de 2004, cuando decidió crear Madrid Calle 30.

Oportuna inyección

El proceso será paulatino, lo que asegurará al Ayuntamiento obtener ingresos recurrentes procedentes de las sucesivas reducciones de la capital que se irán aprobando en la sociedad.

Por el momento, esta primera permitirá al Consistorio de la capital de España ingresar una cifra próxima a los 20 millones de euros, una inyección que no vendrá nada mal a las maltrechas arcas públicas madrileñas.

Entre las entidades que ahora han pasado a ser acreedoras del Ayuntamiento de Madrid y que antes lo eran de Madrid Calle 30, se encuentran el recientemente rescatado Dexia y el francés Société Générale, en una delicada situación financiera.

Además también se encuentra el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que suscribió íntegramente un tramo de 350 millones de euros. Dexia y Société Générale actuaron como agentes de los préstamos junto con Caja Madrid (ahora Bankia), aunque posteriormente sindicaron los créditos con la entrada de diez entidades más.

Desde que el Ayuntamiento creó la sociedad Madrid Calle 30 para no anotarse la deuda en su ya muy cargado balance, su calificación crediticia se ha deteriorado de todas formas, lo que también ha generado las críticas de la oposición al considerar que la maniobra con las sociedades no ha derivado en la consecución del objetivo de Gallardón.