Un dirigente del PSOE vinculado directamente a los sindicatos expresa la situación en estos términos: “Tanto UGT como Comisiones preparan reducciones de plantilla de forma silenciosa porque los ERE´s en estas organizaciones dan mala imagen. Hay programas que se cobran con más de 14 meses de retraso y las líneas de crédito se han rebajado al mínimo. No lo dicen, pero están al límite”.

Los 1.500 millones de euros que todos los años reciben UGT y Comisiones para atender los cursos de formación también han menguado porque ha sido una de las primeras partidas en las que se han cebado las comunidades autónomas para hacer los ajustes de gasto. El problema de los sindicatos es justamente este: que las competencias de formación continua y políticas activas de empleo están transferidas y son los gobiernos autonómicos los que tienen la última palabra. Comisiones ya ha formalizado en Murcia su primer expediente de regulación de empleo, una experiencia por la que ya ha pasado también UGT en Navarra y Cataluña. Pronto los ERE´s se extenderán a la mayoría de las federaciones de ambos sindicatos ya que las cuotas que cobran de los afiliados no dan para sostener su inmensa maquinaria. Por este último concepto, Comisiones ingresa alrededor de 10 millones de euros mensuales, gracias al millón largo de cotizantes que tiene.

Fuentes de los dos sindicatos no ven peligrar, en cambio, el grueso de las ayudas que reciben del Gobierno central, procedentes de más de una veintena de direcciones generales que cuelgan de casi todos los ministerios. Mientras ha estado Zapatero en el Gobierno, no ha habido mayores problemas, sobre todo con UGT, y se espera que tampoco los haya con Mariano Rajoy. Un sindicalista se expresa en estos términos: “No se le planteará al nuevo presidente paz social a cambio de dinero, pero la oferta se le parecerá mucho”. Una fuente oficial de Comisiones recurre a la diplomacia y mantiene que al futuro presidente se le trasladará  “ la importancia que tienen los sindicatos en una democracia”.

Las ayudas que están más seguras son, de momento, las que aparecen vinculadas al número de delegados. Gracias a esta vía, UGT y Comisiones ingresan 90 millones de euros anuales cada uno, mientras que USO obtiene algo menos de 500.000 euros. Esta última central es la más perjudicada en el cómputo global de ayudas porque la mayoría de las comunidades toman como referencia para la entrega de subvenciones la representación de los sindicatos a escala estatal y no regional. Sobre el papel, UGT y Comisiones absorben casi el 80% de la afiliación sindical. Ambas centrales dicen sumar 2,4 millones de afiliados, alrededor de un 15% de la población asalariada.

A la vista de la opacidad que rodea las finanzas de los dos principales sindicatos, USO ha pedido recientemente un cambio urgente en la ley Orgánica de Libertad Sindical para que la financiación pública se ligue exclusivamente a la atención a los trabajadores y no a su formación, actividad esta última donde se produce el mayor volumen de fraude.

La CEOE también ingresa anualmente para formación más de 1.000 millones de euros, otra de las partidas sometidas a revisión que ha provocado igualmente que Joan Rosell esté mascando otro ERE silencioso.