El PP promete en su programa electoral una reforma fiscal que haga de este sistema recaudatorio un modelo más justo. No profundiza en su propuesta, como es la tónica general de un programa que se ha querido sin grandes concreciones, aunque una cosa sí tiene clara Génova: hay que implicar a CiU en esta reforma al objeto de que pueda ver satisfechas parte de sus reivindicaciones de financiación, según ha podido saber Vozpópuli.
CiU ha hecho del pacto fiscal basado en el concierto económico, copiando el modelo vasco, una de las condiciones para alcanzar cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno que se constituya a partir de las elecciones del día 20. El peor escenario para los convergentes es, sin duda, la mayoría absoluta que el PP puede sacar, según indican de manera unánime todos los sondeos de intención de voto. Pero aún en ese escenario, el PP asegura que buscará del apoyo de otras fuerzas políticas para abordar una serie de reformas estructurales de nuestro modelo económico.
El futuro ejecutivo de Rajoy no quiere sacar en solitario,-- aunque la aritmética de los escaños se lo permitiera--, la reforma del mercado laboral, de los convenios colectivos, del sistema fiscal y de la financiación autonómica. Cree que es posible alcanzar acuerdos con CiU en materia económica tal y como está pasado entre el Gobierno de la Generalitat y el PP encabezado por Alicia Sánchez Camacho, y eso incluye la reforma fiscal, que podría pasar incluso por incrementar la participación de las Comunidades en los ingresos del Estado, eso sí, sin extender a Cataluña el concierto económico. Sería una reforma para el conjunto del país, pero los nacionalistas, según el cálculo del PP, podrían atribuirse parte del mérito.
Cataluña: 18,6 por ciento del PIB
CiU reclama la titularidad y la gestión de todos los impuestos recaudados en Cataluña, lo que además de tener naturaleza claramente insolidaria detrae recursos al Estado. Es cierto que tanto País Vasco como Navarra disponen de este sistema de financiación, pero entre las dos no representan más que un 8 por ciento del PIB español, según datos de 2010, mientras que Cataluña supone el 18,6 por ciento. Esa puerta parece cerrada, pero no dejar de atender parte de sus demandas.
El PP, hace en su programa una declaración general de impulso de una reforma fiscal integral “para modernizar nuestro sistema tributario, haciéndolo más equitativo, más eficiente y menos distorsionador de la actividad económica”. El ritmo de aplicación de la reforma, agrega el texto, se acompasará al cumplimiento de los compromisos con los socios europeos de reducción del déficit y a los objetivos de reducción del gasto público. “Sólo de este modo los agentes económicos podrán percibir la reforma como permanente y ésta desplegará todo su potencial estimulador del crecimiento”.
El actual modelo de financiación autonómica, pactado en 2009, elevó al 50% la cesión a las Comunidades en el IRPF y en el IVA y al 58% en los Impuestos Especiales (alcohol, hidrocarburos, tabaco...). Ya de paso, incrementó las competencias normativas de las autonomías en los tributos cedidos parcialmente (impuesto de Patrimonio, por ejemplo...). En el caso del IRPF, el nuevo modelo ampliaba las competencias en materia de modificación de los mínimos personales y familiares, aprobación de la escala autonómica del impuesto y deducciones de la cuota.
