Así consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que dictó el juez instructor del caso Palma Arena para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

La resolución judicial asevera sin embargo el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena.

Según la resolución, que recoge la petición del Ministerio Fiscal para acordar la entrada y registro, la acusación pública señala que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. La Fiscalía apunta, sin embargo, que "la única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

Todo ello a fin de aparentar la "no persecución de fines lucrativos, rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".

"La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba para la administración pública y, tras recibir los fondos públicos, se simulaba por parte de dicha asociación la contratación de servicios ficticios a dichas mercantiles" -las del entramado societario-, "o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado, emitiendo las mismas las correspondientes facturas contra Nóos, acabando de esta forma los fondos públicos en manos de mercantiles controladas por Torres y Urdangarín", prosigue el escrito.

En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. Es más, la resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que "revela que el control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".

JORNADAS CUYO PRESUPUESTO NO ESTÁ JUSTIFICADO

En cuanto a las jornadas de turismo y deporte, el auto señala que entre los últimos meses de 2004 y febrero de 2005 Urdangarín y Torres entraron en contacto con el entonces director general de Deportes del Govern, José Luis 'Pepote' Ballester, a fin de impulsar estas jornadas, una "réplica casi exacta del congreso internacional que había organizado Nóos en Valencia bajo el nombre Valencia Summit". Así, tras diversas reuniones mantenidas entre ambos socios con Ballester y Jaume Matas, el Govern decidió impulsar económicamente el proyecto.

De hecho, durante marzo de 2005 y "sin haberse iniciado expediente administrativo alguno", los representantes de Nóos y del Govern acordaron verbalmente que la Comunidad Autónoma dotaría económicamente a la entidad para la celebración del congreso. Es más, la Fiscalía postula que unos cuatro meses antes de suscribirse formalmente el convenio-contrato entre Nóos y el Ejecutivo balear, la asociación empezó a trabajar en la organización de las jornadas.

Tanto es así que los investigadores apuntan a que "se concertaron los representantes políticos y los de Nóos para eludir de forma dolosa la aplicación de la Ley de Contratación y beneficiar de forma fraudulenta a Nóos mediante la utilización ilegítima de la figura del convenio de colaboración, conculcando así los principios básicos que deben regir la contratación pública: concurrencia, publicidad e igualdad de trato". Posteriormente, en septiembre de 2006 se firmó entre las mismas partes un segundo convenio de colaboración por 1,1 millones de euros.

Según el Ministerio Público, común a ambos convenios es, aparte de "serias irregularidades administrativas en su tramitación, precedidas de decisivas conversaciones extraprocedimentales", es que "ni el presupuesto para su cuantificación respondía a la realidad ni se justificó su inversión e incluso ahora las facturas presentadas con tal propósito, aún dándolas a todas por buenas, no cubren ni con mucho la justificación de lo recibido". El escrito concluye que muchas de ellas "responden a conceptos ajenos a los eventos contratados" y que "la ausencia de ánimo de lucro que se pregona de Nóos no se corresponde con la de sus directivos que facturaron contra aquél importantes sumas de dinero".