El organismo supervisor financiero estadounidense ha denunciado a siete antiguos ejecutivos de Siemens por participar en un esquema de sobornos, mantenido durante una década, con el objetivo de retener el contrato público firmado con Argentina para la emisión de los documentos nacionales de entidad.

Según informa la Securities Exchange Commission (SEC), a raíz de la denuncia, el departamento de Justicia estadounidense ha abierto una investigación penal contra los exejecutivos de Siemens por estos hechos, por presuntos delitos de fraude y blanqueo de capitales.

La denuncia de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de Manhattan, mantiene que los sobornos comenzaron en 1996 y se mantuvieron hasta 2007 mediante un esquema de pago llevado a cabo tanto en Siemens como en su filial Siemens Argentina.

Siemens pagó más de 76,4 millones de euros (100 millones de dólares) en sobornos a funcionarios de alto rango como dos expresidentes de Argentina y varios exmiembros del gabinete.

Los ejecutivos están acusados de falsificar documentos como facturas y contratos de consultoría, y de participar en reuniones en territorio estadounidense para negociar los términos de los sobornos, cuyo pago se hizo a través de cuentas bancarias domiciliadas en el país.

El director de investigación de la SEC, Robert Khuzami, explicó que los contratos públicos deben concederse cuando la empresa "ofrece el mejor producto y el mejor precio, no el mejor soborno". "La corrupción mina la confianza ciudadana y la transparencia de los mercados, y socava el gobierno corporativo", añadió.

Inicialmente, los sobornos se pagaron para asegurar el contrato inicial por valor de 764,7 millones de euros por la emisión de los DNIs argentinos. Posteriormente, con los cambios de Gobierno de Argentina, Siemens perdió el contrato y trató de revivirlo con nuevos pagos, que también sirvieron para esconder que el contrato original había sido obtenido mediante prácticas ilegales.

La SEC recuerda que la compañía alemana ya pagó 1.222 millones de euros (1.600 millones de dólares) para poner fin a las acusaciones por unas prácticas similares formuladas por la SEC, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Fiscal General de Munich.