El asunto de Iñaqui Urdangarin y su Instituto Nóos, que ha resultado a la postre un tenderete mercantil con ánimo de lucro no declarado, está dejando en evidencia, a la espera de mayores daños por la vía judicial, el balbuceo permanente en el que está sumida la Casa Real desde hace tiempo. Bien sea por la incompetencia de quienes tienen la responsabilidad de ser rápidos de reflejos, o por la degradación general en la que parece estar inmersa la primera institución del Estado, o por ambas cosas, el espectáculo que desde palacio está dando la familia real toda es cualquier cosa menos ejemplar.

Tras un tiempo más que prolongado de rumores y habladurías al respecto del yerno real, y tras su exilio forzoso en los Estados Unidos de América para prevenir inútilmente males mayores, los acontecimientos se han precipitado en forma de un torrente de informaciones y evidencias que ha hecho imposible la socorrida estrategia de dar la callada por respuesta. Y en un ejercicio de malabarismo circense, tras dos comunicados contradictorios separados entre sí por un breve espacio de tiempo, la Casa Real ha anunciado que aparta de la agenda y arroja extramuros al presunto delincuente. Se deja a la manzana podrida caer del árbol, primero, y se le aparta, después, con un puntapié para que no contamine al resto. “Por su comportamiento no ejemplar” apostillan en palacio, con una calculada dosis de indignación que busca a la desesperada la complicidad, si no la piedad, del buen vasallo en recuerdo de los servicios prestados por la Corona.

Entretanto y en paralelo, por si alguien aún no sabía cómo funcionan las cosas en estos Reinos –porque España es antes Reino que Estado, y en eso estamos–, Su Majestad, a través del jefe de su Casa, se ha apresurado a departir con esos príncipes de la Justicia que llamamos jueces. En principio, para que no se alargue en exceso la investigación judicial, aseguran, y que en el ínterin pueda quedar gravemente dañada la imagen de la Casa Real. Esto es, el Rey trata de evitar a toda costa la letal lentitud de la justicia española. Será difícil sustraerse a la sospecha, sin embargo, de que en la amable charla entre Rafael Spottorno y el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, pueda deslizarse la petición añadida  -siendo cosa de majestades, real mandato- de limitar el proceso al Duque consorte, dejando al margen de cualquier pesquisa o citación, siquiera como testigo, a la señora Duquesa, la infanta Cristina.

Todo este lamentable asunto y su devenir futuro promete convertirse –tal vez ya lo es- en una ejemplar metáfora de un país que, en pleno siglo XXI, sigue siendo un Reino de señores y vasallos o, peor aún, de Taifas. En el que mientras unos hacen negocio, otros –grandes empresas y empresarios de los que nada se dice-  pagan y callan. Lejos parecen quedar aquellos tiempos en los que el pueblo español se amontonaba con júbilo y alborozo al paso de Su Majestad. Entonces, el Rey y la Reina, con ese movimiento circular de muñeca tan ergonómico que les distingue, devolvían las muestras de afecto a un pueblo entregado en cuerpo y alma a la causa de la Libertad al fin encarnada en un Borbón.  Don Juan Carlos llegó a ser el héroe del momento, el paladín de la Transición Democrática.  Quién iba a presagiar en aquellos venturosos días que la España de hoy, a punto de ser puesta patas arriba por culpa de una crisis de caballo, pasaría del aprecio al escepticismo y, tal vez, a la ingratitud con la Corona.