La empresa estadounidense Las Vegas Sands, propiedad del multimillonario Sheldon Adelson, se ha propuesto invertir en España cerca de 17.000 millones de euros para crear, de aquí a 2022, un titánico complejo de apuestas y ocio conocido como EuroVegas. Entre las distintas opciones que baraja, Madrid se erige como la más firme candidata. El proyecto supondría, además de una importante inyección de dinero, la creación de más de 260.000 empleos, equivalentes a la mitad del paro actual de la región.

Con tales garantías en los tiempos que corren, no es de extrañar que tanto el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero, como el regional de Esperanza Aguirre, sucumbieran a la propuesta y lleven meses manteniendo reuniones para poner en marcha el proyecto. Sin embargo, bajo la supervisión de la auditora PricewaterhouseCoopers y del bufete Cuatrecasas, la compañía presentaba el pasado mes de junio un disparatado memorial de condiciones a la altura de tan faraónico proyecto.

Un sinfín de atropellos al ordenamiento legal español y autonómico

Entre las ‘perlas’ que propone Sheldon Adelson se encuentran todo tipo de modificaciones del ordenamiento legal español y autonómico y que afectarían a ámbitos tan dispares como el laboral, el fiscal, el urbanístico o el financiero.

En primer lugar, se exige una modificación del Estatuto de los Trabajadores que flexibilice los convenios colectivos de todos los sectores presentes en el macrocomplejo. Asimismo, sugiere que durante los dos primeros años, la empresa quede exenta de abonar las cuotas a la Seguridad Social y pague un 50% menos en los tres años siguientes.

También se piden cambios en la ley que rige las ayudas estatales a empresas para que el gobierno avale el proyecto frente al Banco Europeo de Inversiones, del que pretende obtener más de 25 millones de euros.

EuroVegas sería considerado como bien de interés autonómico, lo cual permitiría incluir cláusulas de no competencia, la obtención de licencias sin concurso y un régimen comercial y de apuestas especial que permita, entre otras cosas, la apertura en festivos y la entrada a los casinos de menores de edad o personas incapacitadas.

Se contempla la puesta en marcha de un ambicioso plan de mejora de las infraestructuras de la zona de Valdecarros, enclave al sureste de Madrid donde se planea situar el complejo. Además de la conexión por metro y cercanías, se pide también el acceso en AVE, la construcción de nuevas carreteras y el permiso para el “tráfico de helicópteros desde Barajas y Cuatro Vientos hasta las instalaciones de recreo”.

Por último, se deberá acabar con los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana y el vertedero municipal de Valdemingómez deberá ser reubicado.

Esperanza Aguirre no descarta satisfacer algunos de estos requisitos

Por extraño que parezca, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró el pasado 3 de noviembre que estudiará, en la medida de sus competencias, las modificaciones reglamentarias, legislativas o “del tipo que sean” que sirvan para favorecer proyectos inversores tan golosos como éste.

De hecho, llegó a expresar su “confianza en que finalmente sea Madrid - y no Barcelona - la ciudad del sur de Europa elegida por el magnate” para levantar su macrocomplejo de juego, ocio y congresos. Por su parte, el vicepresidente de la región, Ignacio González, confirmó que el gobierno autonómico y el central mantienen conversaciones "bastante avanzadas" con Adelson.

El Ayuntamiento de Madrid prefiere no opinar

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, prefiere no opinar sobre la viabilidad del proyecto y delega en la Comunidad de Madrid y en el Estado como “administraciones competentes”. La delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, insiste en que hasta que otros actores superiores no se pronuncien, el consistorio tampoco lo hará, negándose a responder a las preguntas del portavoz municipal de UPyD, David Ortega, durante una sesión de la Comisión municipal.

En esa misma línea respondió a las preguntas de los periodistas el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, tras la reunión semanal del gobierno municipal. Cobo se limitó a considerar al Ayuntamiento como “parte colaboradora” en el proceso de negociación y confió el liderazgo de la misma al gobierno regional, del que dijo estar “siempre a su disposición”.