El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado asumir la competencia sobre la denominada "Operación Babel", que investiga las actividades del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos, han informado fuentes jurídicas. El caso, por lo tanto, continuará su instrucción por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.
Según el auto dictado por el juez central número dos, unas defraudaciones como las investigadas en esta causa "es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional". Añade que la cifra presuntamente defraudada carece igualmente de tal identidad.
Además, el juez Moreno considera que aunque los hechos imputados afectan a varios perjudicados en el territorio de más de una Audiencia, "no constan mínimamente acreditados datos suficientes como para poder llegar a la conclusión que nos hayamos ante una generalidad de personas perjudicadas".
Anticorrupción se posiciona en el mismo sentido
La resolución, adoptada un día después de que la Fiscalía Anticorrupción se posicionara en el mismo sentido, señala además que "no constan acreditados en este procedimientos datos relativos a la comisión de delitos en el extranjero, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que de concurrir determinarían la competencia de este juzgado central de instrucción".
La decisión se ha adoptado después de que el ex presidente balear Jaume Matas - imputado en el "caso Palma Arena", del que se ha desgajado la pieza sobre Urdangarín- presentara ante el juez de la Audiencia Ismael Moreno un nuevo escrito, el tercero, insistiendo en que la causa corresponde al órgano ubicado en Madrid por afectar a varias provincias españolas y por ser el blanqueo de capitales uno de los posibles delitos a investigar.
Nóos cobró al Govern balear facturas sin relación con el trabajo realizado
Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía ha indicado que el Instituto Nóos cobró al Govern balear facturas que "nada tienen que ver con el objeto solicitado" y que debería haber asumido el propio instituto para pagar cuestiones como mobiliario de la sede de Barcelona o videoconferencias. El informe, que figura en el sumario de la pieza separada del caso Palma Arena, cuestiona por qué las entidades públicas pagaron esas facturas.
Entre lo abonado figura la instalación de servicios informáticos en la sede barcelonesa del Instituto Nóos, la compra de software o de unas esferas decorativas inflables y la pistola de aire para hincharlas que, según uno de los testigos, se utilizaron en un evento en Valencia, no en Baleares.
