El ministro francés de Asuntos Europeos, Jean Leonetti, ha avanzado que espera que la tasa a las transacciones financieras se introduzca en Europa "antes de que acabe el año 2012", algo que discutirán los líderes europeos en la próxima cumbre prevista para el 30 de enero en Bruselas.

"Está en la agenda de la próxima cumbre europea. Nicolas Sarkozy y Angela Merkel han decidido la tasa a las transacciones financieras y esto se creará antes de que acabe el año 2012", ha asegurado el ministro francés en declaraciones a la cadena LCI.

Aunque ha reconocido que Reino Unido y Suecia se oponen al impuesto, Leonetti ha avanzado que los Gobiernos francés y alemán presentarán una propuesta "para fijar la base imponible de este impuesto" el próximo 23 de enero, aunque no estaría "operativo" hasta 2013, ha precisado.

Ante la oposición de varios Estados miembros, la alternativa que se estudia es implantar la tasa únicamente en la eurozona, algo que cuenta con el apoyo de los grandes países como Alemania, Francia o España.

Progresos en el primer semestre

La Comisión Europea ha afirmado este miércoles que espera "buenos progresos" entre los Estados miembros "en la primera mitad del 2012" para acordar la creación de una tasa a las transacciones financieras tal y como ha propuesto el Ejecutivo comunitario, preguntada por el anuncio del ministro francés.

"La presidencia danesa ha indicado que desea acelerar el trabajo sobre este dossier, de manera que la Comisión es optimista de que se lograrán buenos progresos en la primera mitad del 2012", ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la Comisión, Ryan Heath.

Bruselas ha reconocido que no descarta que Francia y Alemania presenten sus ideas en la próxima reunión del grupo de trabajo responsable tal y como ha anunciado el ministro francés y que se está viendo "una convergencia de opiniones sobre esta propuesta entre los Estados miembros". "Sin embargo, se necesitan claramente más discusiones en los próximos meses antes de que pueda alcanzarse un acuerdo", ha recalcado el portavoz comunitario.

Una propuesta viable

El Ejecutivo comunitario presentó en septiembre una propuesta "bien diseñada y viable" para introducir una impuesto a las transacciones financieras que en su opinión "ofrece muchos beneficios para los ciudadanos y los Estados miembros" porque introducirá "una imposición fiscal justa para el sector financiero" que se ha beneficiado de ayudas públicas durante la crisis e "ingresos considerables para los Estados miembros" y contribuirá "a una mayor estabilidad en el mercado y a reorientar el sector financiero hacia actividades que benefician la economía real", ha recordado Heath.

Según la propuesta, la tasa gravará con un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados. Con estos tipos tan bajos, el Ejecutivo comunitario pretende reducir el riesgo de deslocalizaciones. No obstante, Bruselas admite que su implantación podría reducir a largo plazo el crecimiento del PIB entre el 0,53% y el 1,76%.

Se aplicará a todas las transacciones entre instituciones financieras en el caso de que al menos una de las partes esté en la UE (el 85% del total, según la Comisión). No se gravará ni a los ciudadanos ni a las empresas. Las hipotecas, los préstamos bancarios, los contratos de seguros y otras actividades financieras normales efectuadas por personas físicas o pequeñas empresas no entran en el ámbito de aplicación de la propuesta.

Los ingresos por la tasa --unos 55.000 millones de euros al año-- se destinarán a financiar el presupuesto de la UE, reduciendo así las aportaciones de los Estados miembros, y a los presupuestos nacionales. Los Estados miembros podrán decidir incrementar la parte de los ingresos gravando las transacciones financieras con un tipo más alto.

Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, el Reino Unido y Rumanía ya aplican alguna forma de impuesto sobre las transacciones financieras. Probablemente, tendrán que modificar sus normas nacionales para ajustarlas a la propuesta, según la Comisión. Los demás Estados miembros tendrán que aplicar el impuesto como lo propone Bruselas.