Las autoridades griegas van a investigar a todas las personas beneficiarias de ayudas por discapacidades serias, tras comprobar un anómalo número de casos en distintas regiones, que hacen sospechar de un fraude generalizado que cuesta al Estado unos 250 millones de euros.

Según ha informado este sábado el diario Kazimeriní, esta investigación se va a llevar a cabo después de que el Ministerio de Salud Pública haya detectado desproporcionadas incidencias de ciertos problemas médicos en algunas regiones.

Así, en la isla de Zante, de sólo 30.000 habitantes, 600 personas reciben prestaciones por problemas en la vista. Otras regiones, como el departamento de Viotia o la isla de Kálymnos, presentan números sorprendentemente elevados de pacientes con asma o con retrasos mentales.

En Salónica, la segunda mayor ciudad del país, hay mil personas con supuestas minusvalías severas, algo que ha llevado a ironizar al viceministro de Salud, Markos Bólaris, con que esa cifra sólo sería posible si el país hubiera participado en la guerra de Vietnam. Entre los 11 millones de griegos hay unos 200.000 ciudadanos que reciben esa ayudas económicas por discapacidades graves de distinto tipo, tanto físicas como mentales.

Ya el pasado mes de mes de noviembre, la emisora MEGA reveló que un médico había firmado informes de discapacidad para unas 60 personas en un municipio a las afueras de Atenas. Ese reportaje se refería también a la supuesta implicación de directores de algunas clínicas hospitalarias en la concesión de ayudas por discapacidad.

Según declaraciones de Boláris a Kazimeriní, entre febrero y marzo de este año se elaborará un nuevo censo de receptores de ayudas tras el que el Gobierno espera ahorrar unos 250 de los 6.200 millones que destina actualmente a esas ayudas.