Es superstición muy extendida en política que no conviene mentar la corrupción ni cuando pueda resultar ventajosa por provenir del adversario, pues en el Estado moderno, donde abundan los lazos de familia y los asuntos casi siempre se enredan, si tiras de un cabo suelto nunca sabes hasta dónde puede llevarte ni a quién te encontrarás en el otro extremo. Por eso, la prudencia suele imponerse en su formulación más cómoda: la de mantener la boca cerrada. Quizá sea esa la razón por la que Mariano Rajoy guarde cumplido silencio ante el rosario de asuntos turbios que en estos días se amontonan en periódicos y telediarios. Aunque, es tal el hedor que empieza a flotar en el ambiente, que quizás no estaría de más dedicar un par de palabras al respecto y ejercer de Presidente en vez de jefe de partido.

Empiezan a ser tan numerosos los casos de corrupción que, como en una película de Robert Altman, los medios los administran como historias separadas que discurren en paralelo y cuyos diferentes protagonistas sólo pueden encontrarse ocasionalmente. De tal forma que, al igual que en el mejor cine de intriga, los giros inesperados se suceden de manera natural sin necesidad de recurrir en exceso a artificios o trampas. Así sucede en el caso “Palma Arena”, en el que políticos y periodistas (Jaume Matas, ex presidente balear y ministro con Aznar, y Antonio Alemany, periodista del diario El Mundo) estrechan tanto sus lazos que terminan saliendo en el mismo plano al lado de un montón de dinero. Y haciendo bueno el aserto de Cecil B. DeMille, que decía que una película debe empezar con un terremoto y a partir de ahí ir in crescendo, el mismo medio de información que sirvió como soporte para que tuviera lugar el lucrativo intercambio de favores, en la siguiente secuencia aparece transformado en martillo de herejes, dispuesto a golpear al malvado hasta reducirlo a polvo de cantera. En las tramas de corrupción, tal y como sucede en las películas de suspense, al final nada es lo que parece. Y la única certidumbre es que, entre secuencia y secuencia, el dinero siempre se esfuma.

En lo que respecta al “caso Camps”, suma y sigue la intriga. Y, tras las revelaciones recientes, sería interesante saber si las presiones de Mariano Rajoy para que Francisco Camps renunciara a sus cargos y se sometiera voluntariamente al arbitrio de los jueces a cuenta de la procedencia de unos trajes, fue una cuestión de interés electoral del momento o es que ya barruntaba el de Compostela el colapso económico del reino de Valencia, para lo que convenía dar relevo y poner al frente a un marshal de confianza que controlara los daños. Sea como fuere, resulta evidente que, en opinión de muchos, Paco está mejor sentado en el banquillo, bien sea por unos trajes o por no pagar un café, que con todos los resortes del poder en su mano. De haber podido plantar una numantina resistencia, quién sabe si no habría terminado por quedar al descubierto no ya una trama de corrupción cualquiera sino el expolio puro y duro al que ha sometido el Partido Popular a la Comunidad de Valencia.

Decía Mises que la corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública. Si damos por acertada la frase, a nadie debería extrañar que en una democracia como la nuestra, en la que los medios de información no sólo no cumplen su cometido sino que se ven implicados como cooperadores necesarios de la corrupción, y en la que para escalar hasta la cima del poder hace falta, más que el voto ciudadano, una extraña cadena de favores, resulte más que improbable que el presidente de turno dé la cara y, a renglón seguido, limpie el país de corruptos. En una nación como España, los grupos de interés que viven adheridos al modelo político interpretarían el acto no como una muestra virtud sino como un claro peligro, no fuera a ser que el tipo en cuestión, a la sazón por fin Presidente, se creciera y no dejara títere con cabeza.