La luna de miel política de los tiempos de bonanza se ha convertido en un divorcio en tiempos de crisis que, en el caso de la Comunitat Valenciana, incluyen una disputa sobre quien paga las facturas. Según han revelado fuentes de la Agencia Tributaria a Vozpópuli, la Generalitat Valenciana reclama el pago de deudas pendientes al Ayuntamiento de Valencia por la construcción del Circuito de Fórmula 1. En total, la Generalitat de Alberto Fabra reclama a la alcaldesa popular, Rita Barberá, 47 millones de euros en concepto de impagos (45.945.480 euros) e intereses de demora (1.128.218 euros).
Las necesidades de liquidez que apremian a la Generalitat Valenciana la están llevando a reclamar el cobro de todas las deudas que tiene pendientes de pago, independientemente de su color político, aseguran fuentes del govern. Oficialmente, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento han querido comentar el asunto.
Préstamos en tiempos de bonanza, recelos en tiempos de crisis
Los cargos se remontan a momentos previos a la crisis, cuando la alianza política entre el entonces President, Francisco Camps, y la alcaldesa Rita Barberá eran públicos. En aquel momento, Camps y Barberá compartían Ferraris (como el que usaron para inaugurar el Circuito en 2009) y facturas. La Generalitat se hizo cargo del gasto derivado de construir el circuito del Gran Premio de Fórmula 1 que el Ayuntamiento prometía devolver. La Consellería de Infraestructura y Transporte, a través del Gestor de su Red de Transportes y Puertos, corrió con los gastos de la infraestructura y asumió los terrenos que en su momento cedió Adif. Al cierre de esas obras, la alcaldesa debía repagar a su socio Camps el dinero pendiente.
El pasado 23 de diciembre de 2009, con la crisis de liquidez ya servida, los populares del govern reclamaron a los populares del consistorio el pago de la factura pendiente por primera vez. La factura que se extendió en ese momento sigue pendiente de pago a día de hoy.
“Existen dudas respecto al momento de cobro”
Dos años después de mantener las facturas impagadas, la Generalitat ha recibido un apercibimiento por su Sindicatura de Cuentas avalado por la Agencia Tributaria que considera que debería cobrar esas cantidades o darlas por impagadas definitivamente. La Sindicatura de Cuentas Valenciana ha incluido en su informe un párrafo en el que asegura que “existen dudas respecto al momento de cobro del importe adeudado por el Ayuntamiento de Valencia por la decisión de las obras (…) ya que está sujeta a la imposición de un canon de urbanización por el Ayuntamiento”.
El organismo que audita las cuentas de la Generalitat Valenciana cuestiona, además, la contabilidad que el govern ha hecho hasta el momento de esas partidas impagadas. Según el Síndic, la Generalitat las ha contabilizado como si hubiera sido pagado ya. “Esta deuda se ha valorado por su importe nominal, sin calcular el efecto financiero del aplazamiento, y se ha clasificado como activo corriente aún (sic) cuando no se conoce su vencimiento”.
