El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, citó a los consejeros económicos de las comunidades "populares" en la sede del partido en la calle de Génova con el fin de analizar los planes de ajuste y la futura ley de estabilidad presupuestaria, que fijará techos de gasto y podría incluir sanciones a las comunidades que no cumplan el objetivo de déficit, en la línea de las que aplica la Unión Europea a sus miembros.

Montoro reafirmó en la reunión el "pleno respeto del PP a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades autónomas, desde el convencimiento de que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador del déficit". Con esta afirmación el ministro de Hacienda contradice las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, que afirmó que el Gobierno controlará a priori los presupuestos autonómicos.

La cita, previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el próximo martes con representantes de todas las autonomías, estuvo marcada por el mensaje de la austeridad, pero Montoro dejó también claro que se atenderán los problemas de liquidez para que las comunidades puedan seguir financiando los servicios públicos, según informaba el PP en un comunicado.

En el encuentro, celebrado a puerta cerrada, el ministro explicó los ajustes del decreto convalidado ayer por el Congreso, que soporta "prácticamente" en solitario la administración central, y recordó que la subida de impuestos supondrá una inyección de recursos adicionales para las comunidades y los ayuntamientos.

Montoro se encargará hoy de informar de los detalles de esta reunión a las comunidades gobernadas por otras formaciones políticas: Andalucía, Cataluña, País Vasco, Canarias, Navarra y Asturias.

El ministro estuvo acompañado en la reunión del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y del director de la oficina económica de la Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal. Juntos dejaron claro a las comunidades que la prioridad del Gobierno es reducir el déficit y racionalizar el gasto público de todas las administraciones, defendieron el plan del Gobierno para recortar empresas y organismos públicos y la necesidad de que los gestores públicos asuman con transparencia su responsabilidad.