Esta batalla había comenzado incluso antes de las elecciones. Tal y como adelantó El País en su edición de ayer, el ministerio de Educación, Cultura y Deportes se enfrenta con Exteriores por el control de una misma institución, el Instituto Cervantes, buque insignia y marca cultural de España en el exterior.
Sin embargo, el pulso real con José Manuel García-Margallo, el ministro de Relaciones Exteriores, no lo sostiene directamente José Ignacio Wert, actual Minsitro de Educación, sino el Secretario de Cultura, José María Lassalle, quien ya desde la legislatura pasada sostiene la tesis de la integración de dicho instituto a la estructura cultural.
Desde un comienzo, el programa electoral del Partido Popular -prácticamente concebido en su totalidad por Lassalle, el hombre de cultura de Mariano Rajoy- otorgaba al Cervantes un lugar central en su política cultural. Es, sin duda, la herramienta perfecta para difundir el idioma y a España como marca en el mundo. De ahí que estuviera entre las prioridades de Lassalle incorporarlo al organigrama de Cultura, ahora convertido en una Secretaría General del Ministerio de Educación.
Lo que parece una tensión nueva, es en verdad una vieja batalla de Lassalle. En 2008, estando al frente del grupo parlamentario popular como portavoz de Cultura, el entonces diputado por Santander solicitó una enmienda a los presupuestos del Estado para solicitar la unificación de los esfuerzos del Gobierno en la acción cultural en el extranjero, es decir, que tanto el Instituto Cervantes como Seacex (Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior) dependieran de Cultura. "Nuestra lengua es nuetsro petróleo, nuestra mejor materia prima", dijo Lassalle en aquel entonces.
A esa iniciativa se sumó, en 2010, una proposición de Ley -también promovida por Lassalle- mediante la cual el Instituto Cervantes quedase adscrito orgánicamente al Ministerio de Cultura. Tanto entonces como hoy, Lassalle puso sobre la mesa tres argumentos: el potencial cultural del idioma; el conocimiento único que tiene Cultura sobre esa competencia y el corte, de raíz, de una serie de duplicidades en gastos, funciones y recursos.
Una polémica que ya tuvieron los socialistas
Tanto José Ignacio Wert, como José María Lassalle y el mismo García-Margallo hablaron, cada uno en su toma de posesión, de la importancia estratégica que el Instituto Cervantes jugaba para cada uno de sus despachos. En el caso de Lassalle por las razones anteriormente citadas y en el de García-Margallo porque, para Exteriores, resulta tremendamente potente un instrumento volcado única y exclusivamente en la promoción de España, a través de la lengua y la cultura, como mecanismo de penetración.
No es la primera vez que esta discusión ocurre. Ya en 2008, el entonces recién nombrado ministro de Cultura, César ANtonio Molina, y el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, tuvieron el mismo pulso. Se conoce ya quién salió perdiendo en aquella batalla política -Molina fue relevado de su cargo en el ministerio-. Con la designación de Carmen Caffarel frente al Cervantes y la fuerte presión de Leire Pajín dentro del PSOE debilitaron la vigencia del debate, que se vio finalmente extinto.
Según la versión publicada por El País, el Cervantes seguirá por ahora bajo la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores; entre otras razones, porque llevarlo a Cultura obligaría a cambiar la ley de creación del instituto, de marzo de 1991, y el Gobierno tiene otras tpreioridades legislativas, entre ellas, la Propiedad Intelectual. Se mantendría así, de momento, la composición original del Consejo de Administración: el Ministerio de Educación y su actual Secretaría de Cultura junto con el Ministerio de Exteriores y Economía.
Se da por descontado el cese de Carmen Caffarel, presidenta del instituto desde 2007. Se menciona entre los posibles sustitutos a Rafael Rodríguez-Ponga, quien fue director general en los ministerios de Exteriores y Cultura y secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) con los gobiernos de Aznar. Aunque otras fuentes, como revela El País, apuestan por un perfil como el de César Antonio Molina, un personaje afín y cercano a Lassalle, quien además goza de la experiencia al frente de una institución que posee un presupuesto anual de 100 millones de euros y 80 sedes en todo el mundo.
