La Generalitat Valenciana ha comenzado a reorganizar sus deudas, después de la prórroga en los cobros que Hacienda ha concedido a las autonomías. Con el nuevo calendario en la mano y las nuevas líneas de liquidez otorgadas por el gobierno central, la Generalitat del Partido Popular ha comenzado a organizar reuniones con sus acreedores esta misma semana para garantizarles un calendario de pagos. Educación y Sanidad serán las partidas prioritarias, aunque el govern tiene ahora acreedores inesperados por esos dos conceptos. El fundamental son los propios ayuntamientos del Partido Popular.
El gobierno Fabra debe 1.700 millones de euros a 535 consistorios por lo que se conoce como “financiación condicionada”, es decir, servicios que son competencia de la comunidad autónoma pero que se traspasan para que sean prestadas por las instituciones más cercanas, los ayuntamientos. En total, el gobierno valenciano debe 1.700 millones por los servicios prestados en centros de día, residencias, ONGs, etc. Hasta ahora, esos ayuntamientos han reclamado por vías institucionales esas cantidades pero fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aseguran que esos consistorios han comenzado a trasladar a la Generalitat su malestar por los retrasos y su preocupación por quedar retrasados en el orden de acreedores.
La mayoría de los servicios que han prestado son, preci- samente, los que corres- ponden a capítulos como la sanidad o la educación.
Ya han alzado su voz algunos de esos ayuntamientos. El de Vilafranca (al que la Generalitat adeuda 608.000 euros, casi un 30% del total del presupuesto municipal) denuncia que tiene deudas atrasadas desde 1996. Según su alcalde, Óscar Tena, "desde hace siete meses no recibimos ninguna transferencia de la Generalitat Valenciana". En situación similar está el de Les Coves de Vinromà (al que la Generalitat adeuda 485.000 euros, el equivalente al 40% del total de los presupuestos municipales) y que ha exigido al gobierno regional los pagos pendientes después de adelantar recursos propios por valor de 220.000 euros para pagar certificaciones del Plan Camps y a la empresa gestora del Centro de Día.
La FEMP no ha planteado ninguna queja como institución, pero sí ha trasladado al nuevo gobierno una de sus históricas reivindicaciones: una nueva ley de financiación local que permita a los ayuntamientos complementar lo que reciben por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), un sistema que equivale al 33% de sus fondos, con la Participación en los Ingresos de las Comunidades Autónomas (PICAS). En el caso de la Comunitat Valenciana, eso les garantizaría el cobro de las facturas que ahora siguen pendientes.
Acreedores inesperados en la educación
Además de los pagos sanitarios a los que la Generalitat tendrá que hacer frente, los pagos pendientes en educación dejan también entre los acreedores a instituciones que parecerían no estarlo. Son los conocidos como institutos tecnológicos. La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) es una asociación privada sin ánimo de lucro que nació en 2001 por iniciativa de los Institutos Tecnológicos de la región y bajo los auspicios de la Generalitat Valenciana que hizo del I+D+i uno de sus eslóganes de desarrollo.
A fecha de hoy, los 14 institutos encargados del desarrollo de tecnologías en la industria de la zapatería o la cerámica (industrias clave en la Comunitat) estudian presentar Expedientes de Regulación de Empleo ante los impagos del gobierno regional. El instituto de la cerámica suma ya cuatro millones de euros impagados y los despidos en ese caso podrían alcanzar los 139; en el caso de los dedicados a la madera, el ERE es también una opción abierta.
