"Se aprobará en dos o tres semanas". La generalidad en la que ha dejado Mariano Rajoy la fecha del plácet gubernamental para la reforma del sistema financiero está ya definida en la cocina del Ministerio de Economía. Su titular Luis de Guindos quiere que el Consejo de Ministros del próximo 3 de febrero dé el visto bueno al plan de restructuración bancario, pese a que desde el sector se mantengan muchas incógnitas sobre las grandes líneas de la reforma. La fecha ya se baraja en alguna que otra entidad que ha decidido retrasar la fecha de presentación de sus resultados del pasado ejercicio hasta después de esa fecha, como es el caso de Bankia.
"No se puede esperar más", admiten desde fuentes gubernamentales. "Retrasar más la aprobación, con toda la ríada de rumorología que está apareciendo en las últimas semanas, sólo daña al sector financiero español", confirman estas mismas fuentes. De Guindos espera ahora que la Oficina Económica de Moncloa, el órgano que toma la decisión final de trasladar un texto al Consejo de Ministros, programe la aprobación del plan para la reunión ministerial de la próxima semana. "Sólo un contratiempo de última hora retrasará el calendario para la semana posterior", explican desde el PP.
Será entonces cuando el plan se convierta en el decreto que cambiará radicalmente el mapa financiero español. Hasta entonces, se detallarán los últimos flecos en medio de una negociación en la que están inmersos Economía, el Banco de España y las entidades financieras. "Rajoy llevará, la próxima semana, el plan ya concretado a Bruselas", explican fuentes conocedoras del proceso.
Las grandes líneas que quiere imponer De Guindos son promover otra ronda de fusiones en el sistema financiero como vía para realizar el saneamiento inmobiliario y acabar con las entidades zombies. Con estas medidas, el titular de Economía pretende concretar un nuevo mapa financiero con cinco grandes entidades y cinco de menor tamaño, como adelantó en su momento Vozpópuli.
El futuro decreto se empezó a perfilar en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, del pasado jueves. De hecho, aquellas entidades que decidan no acudir a ningún proceso corporativo tendrán unos requerimientos más exigentes.
Según el plan del ministro De Guindos, las entidades que decidan seguir en solitario tendrán que articular las provisiones para limpiar el agujero de su ladrillo a través de una fórmula doble. Por un parte, el 70% de estas dotaciones se efectuarán sobre la cuenta de resultados, lo que llevará a que en determinadas entidades afloren los números rojos, y el 30% restante contra patrimonio. Ambas medidas tendrán que llevarla a cabo en un año. Por el contrario, quienes entren en un proceso de fusión tendrán dos años para realizar el saneamiento que, en este caso, se realizará enteramente contra patrimonio.
En este sentido, desde el sector se negocia con el Gobierno para que cambie la normativa española que no computa como capital la provisión genérica de cada entidad, la hucha acumulada por las entidades en las épocas de bonanza. Para ello, el Banco de España debe dar su consentimiento. Con esta medida, las entidades reducirían en el entorno de los 10.000 millones sus necesidades de provisiones para sanear el ladrillo.
En cuanto al saneamiento, el Gobierno se plantea la obligación a las entidades financieras de provisionar contra resultados el 80% del suelo y el 35% de la vivienda terminada, frente al 30% actual para todo tipo de activo inmobiliario.
