En una comunidad en la que el 54% de la población vota al Partido Popular, los cinco votos que absolvieron a Francisco Camps constituyen exactamente ese porcentaje del total de nueve miembros que constituían el jurado. Cinco votos a favor de Camps y cuatro partidarios de su culpabilidad que se cocinaron deprisa, tras apenas dos días y medio de discusión y otro día para la redacción del fallo. Pero la polarización del jurado comenzó a fraguarse mucho antes, desde el día que sus once miembros (nueve titulares y dos suplentes) fueron elegidos.
El sesgo previo a la deliberación
El proceso de selección dejó claro que habría una mayoría de simpatizantes del Partido Popular. Uno de ellos, con el sobrenombre de Cucerella, se convirtió en el hombre que aglutinó a los partidarios de Camps y al que la acusación no pudo recusar durante el proceso de selección.
Los socialistas habían rechazado ya a cuatro candidatos (el máximo que les permitía la legislación). Cuando llegó el turno para las preguntas a Cucerella, las partes le preguntaron por su ocupación: “soy trabajador autónomo”—dijo. El abogado socialista, Virgilio Latorre, le advirtió entonces que el juicio podía dilatarse durante meses y que eso le iba a suponer una importante merma de ingresos, en una maniobra que pretendía que Cucerella se auto-recusara. “Estoy dispuesto a sacrificarme por vivir la experiencia y el servicio”, afirmó. Las alarmas de las acusaciones saltaron, pero no disponían de más posibilidades de rechazo. Cucerella estaba dentro y, desde el principio, se convirtió en el portavoz del jurado.
El abogado defensor de Camps, Javier Boix, ni siquiera tuvo que utilizar todas las recusaciones de que disponía. El proceso de selección se saldó con un jurado que conformaban cinco personas en la primera bancada (dos de ellas abiertamente partidarias del expresident valenciano) y otras 6 en la segunda (donde se sentaron los dos suplentes y los miembros más jóvenes de la bancada).
Las simpatías se hicieron evidentes también durante el juicio. Según relatan fuentes del proceso, cuando el Ministerio Público repartió un documento de prueba, uno de esos jurados lo recibió con una mano y lo pasó con la otra a su compañero de banco sin ni siquiera mirarlo. Los abogados de la acusación comenzaron a pensar entonces que habían perdido la causa porque al menos tres de los nueve jurados titulares parecían ignorar las evidencias que se les presentaban y se dedicaban a apostillar entre ellos mientras intervenían los letrados.
Los dos bloques del jurado
Con el visto para sentencia del viernes, la deliberación se retiró a una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJPV) y, durante el fin de semana, al salón privado de Le Marquis, un nuevo hotel inaugurado el pasado mes de noviembre en la calle Poeta Querol, la milla de oro de la capital valenciana. Aunque la redacción del veredicto se demoró cuatro días, el fallo se alcanzó en apenas dos días y medio. Desde las primeras discusiones, el jurado se rompió en dos bloques.
El primer sector fue el que lideró Cucerella, que tomó apuntes y opiniones del abogado de la defensa y que asintió ante los argumentos del abogado de Camps. Frente a él, un economista en paro afiliado a la UGT que fue quien aglutinó las opiniones partidarias de una condena a Camps, más frío con los guiños y la línea de la defensa. Ellos fueron quienes inclinaron la balanza de un lado u otro en cada una de las 21 preguntas que constituían el cuestionario entregado por el juez.
El debate de puertas adentro tuvo dos momentos. Al principio, según revelan fuentes conocedoras de la discusión, el portavoz del jurado planteó que Camps podía haber pagado sus propios trajes a José Tomás cuyo testimonio fue rechazado por la mayoría de los nueve miembros. Pero su planteamiento (que asumía que el President de la Generalitat nunca recogió prenda alguna de las tiendas de Milano) fue finalmente cuestionado por una mayoría del jurado. Un economista en paro fue quien cuestionó que Camps y Costa pagaran por sus prendas con un argumento: otros dos responsables populares (Víctor Campos y Rafael Betoret) se habían declarado culpables de los mismos delitos que el ex presidente valenciano negaba. Ante cierta situación de bloqueo, los miembros del jurado cambiaron de discusión.
El segundo debate giró en torno a si había o no dudas razonables sobre los pagos. Y ahí, el portavoz del jurado consiguió inclinar la balanza del lado de Camps. Se abrió la posibilidad a que el chófer del President le hubiera prestado dinero, a que José Tomas se contradijera o a que Camps hubiera devuelto los trajes. Las dudas fueron suficientes para inclinar la votación final que resolvía por cinco votos a cuatro a favor de la absolución del Francisco Camps y Ricardo Costa.
Tras dos días y medio de discusiones, los nueve miembros del jurado resolvieron por votación las 21 preguntas que les había remitido el magistrado de la causa, Juan Climent. El destino de Camps estaba sellado: era declarado inocente y el magistrado cerraba el caso con una orden a los miembros del jurado: su deliberación debía permanecer “secreta siempre”.
