Un gran bocado de los 50.000 millones de saneamiento inmobiliario que tendrá que realizar el sector financiero se contabilizará en su cartera de créditos relacionados con el ladrillo. La nueva norma del Gobierno obligará a elevar las provisiones no sólo de los préstamos problemáticos de promotores e hipotecarios, como adelantó este lunes Vozpópuli, sino que impondrá un saneamiento mínimo de todos sus créditos sanos. Los porcentajes que maneja el Gobierno para esta provisión oscilan entre el 7% y 11%, según ha podido saber este diario.

La mayor necesidad de provisiones se contabilizará, sin embargo, en el suelo y las promociones en construcción, donde la actividad lleva paralizada un largo período, y por tanto se ha producido un deterioro del futuro inmueble. En ambos casos, el nivel de provisiones tendrá que elevarse hasta el 80% de sus valoraciones, que tendrán que cubrirse mayoritariamente vía beneficios (un 60%) y, en menor medida, alrededor de un 20%, contra capital.

En el caso de las viviendas, los edificios terminados o aquellas promociones que siguen su curso normal de construcción, las provisiones pueden rondar entre el 50% y el 60% de su valor inicial. Entidades como el Santander han elevado su nivel de cobertura de adjudicados, que alcanzan los 8.552 millones, hasta el 50% desde el 32% con que contaba en el tercer trimestre de 2011. Hasta el momento, su mayor grado de dotaciones se centran en el suelo: urbanizado (39%), urbanizable (40%) y resto de suelo (42%).

El Gobierno ha desechado unos porcentajes generales e inamovibles para el suelo, viviendas y otros activos al entender que cada uno de ellos cuenta con su tipología y nivel de saneamiento. "Generalizar hubiera sido injusto. No es lo mismo un solar a las afueras de Madrid o Barcelona que otro perdido en las inmediaciones de pequeñas poblaciones. Aplicar el mismo 'hair cut' en este caso hubiera arrojado una cifra irreal de lo que se necesita sanear", explica el consejero delegado de un banco.

En cuanto a los préstamos inmobiliarios, bancos y cajas tendrán que provisionar un mínimo de 11.340 millones por sus créditos inmobiliarios sanos que superan, en el conjunto del sector, los 162.000 millones de euros. "Ese mínimo del 7% se aplicará de forma general aunque el saneamiento puede ir incrementándose hasta el 11% dependiendo de las circunstancias de las operaciones", aseguran desde el sector.

Según los últimos datos, el sector financiero español cuenta con una exposición de 338.000 millones al sector inmobiliario (crédito con promotores y constructores, dudosos, subestandar y adjudicados), de los que 176.000 millones pertenecen a activos problemáticos, que incluyen préstamos subestándar (en riesgo de convertirse en impagados), morosos, los activos adjudicados y fallidos.

Esta nueva obligación no aumentará las necesidades de 50.000 millones anunciadas por Luis de Guindos, titular de Economía, hace más de un mes, sino que producirá un reequilibrio de los porcentajes de saneamiento que se habían estado manejando en Economía durante las últimas semanas. "Si se hubieran mantenido los niveles de provisiones manejados en los momentos iniciales, con todo lo que se ha ido añadiendo después, la restructuración hubiera culminado con apenas dos o tres entidades", explican fuentes conocedoras del proceso.

De esta manera, el real decreto tiene previsto matizaciones en función de cada tipología de activo. Por ejemplo, el Gobierno obligará a provisionar más una promoción inacaba que esté parada a otra que se esté construyendo y sin problemas de financiación para concluir la obra. Lo mismo sucederá con los suelos, que se diferenciarán según su tipología y ubicación, o las viviendas.

La restructuración la pagará el FROB

La factura final de la restructuración será pagada a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FFROB) mediante un préstamo que realizará al Fondo de Garantía de Depósitos (FDG), que será el instrumento que distribuya las ayudas a las entidades. Para ello, el FROB realizará una emisión de deuda que no tendrá ninguna incidencia en las cuentas del Estado puesto que no contabilizará como déficit.

Como en el caso del conocido como FROB 1, la primera ola de ayudas públicas en el proceso de fusión de las cajas de ahorros, la inyección se efectuará mediante un préstamo que no significará la entrada en el accionariado de las entidades.