El presupuesto licitado el pasado año constituye además una tercera parte respecto al máximo histórico de 46.401 millones de euros que las administraciones destinaron a obra pública en 2006.
De esta forma, la inversión en infraestructuras y edificaciones públicas encadenó en 2011 su quinto ejercicio consecutivo de descensos.
La caída en la obra pública se vio lastrada por la reducción de la licitación de comunidades autónomas y ayuntamientos, afectados por las restricciones presupuestarias y los procesos electorales.
Esta disminución no pudo compensarse con el incremento del 18,5% que se anotaron las obras del Gobierno central, impulsado por el Ministerio de Fomento, principal organismo inversor. Este Departamento elevó un 38,8% la licitación de obras el pasado año, hasta 5.067 millones, si bien este importe incluye el presupuesto de los trabajos que realizará en colaboración con el capital privado.
Con todo, el Ejecutivo central puso en marca el 47,2% (6.495,62) de las obras públicas promovidas el pasado año. Los ayuntamientos y diputaciones un 27% (3.688,07 millones de euros) y las comunidades autónomas otro 26% (3.570,89 millones de euros).
Menos hospitales y colegios
Por tipos de obra, destaca que en 2011 sólo crece la inversión pública en proyectos ferroviarios. En el lado opuesto, sobresale el desplome en la promoción de equipamientos públicos como colegios, hospitales y centros deportivos.
En concreto, la licitación de obras de colegios y hospitales se hundió un 64,71% en 2011, dado que las distintas administraciones invirtieron en este tipo de edificios 1.148,13 millones de euros, frente a los 3.253,8 millones de un año antes.
De su lado, la inversión en ferrocarril sumó 3.668,12 millones de euros, un 19,4% más que en 2010, mientras que la destinada a carreteras se redujo un 29,2%, hasta 2.156 millones de euros, los proyectos hidráulicos disminuyeron un 53% (1.422,62 millones) y las medioambientales un 78,2% (193,04 millones).
Así, las obras de grandes infraestructuras y dotaciones coparon el 70% de los trabajos públicos puestos en marcha el pasado año por las distintas administraciones, mientras que las de edificaciones públicas supusieron el 30% restante.
