El Ejecutivo está informando a los jubilados de la subida de sus pensiones y, sobre todo, de a quien corresponde atribuir el mérito. En una carta que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha comenzado a remitir esta misma semana a 9,5 millones de pensionistas el Ejecutivo ha incluido mensajes de contenido político con las siguientes frases: “todo esto es un compromiso del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”.
La misiva en la que se informa a los pensionistas de la situación de sus retribuciones debe contener la información económica correspondiente a las prestaciones familiares. Sin embargo, de los cinco párrafos de la carta, fechada el 3 de enero y firmada personalmente por la ministra Fátima Báñez, los tres últimos se dedican a recordar el compromiso de Rajoy, cómo compensará a quienes fueron perjudicados por la congelación del PSOE y a subrayar el compromiso del gobierno popular con el Sistema Público de Pensiones.
“Este gobierno está comprometido con el mantenimiento y mejora de nuestro Estado del Bienestar”, concluye la misiva que el Ejecutivo comienza a remitir esta misma semana y que se reproduce a continuación.
El Partido Soclalista ya ha trasladado al gobierno su malestar por la misiva, especialmente ante la cercanía de las elecciones andaluzas, según confirman tuentes socialistas. El ex-ministro Jesús Caldera ha trasladado ese malestar personalmente a la ministra Fátima Báñez, quien ha negado que se esté haciendo un uso electoral de esas cartas, aseguran fuentes del ministerio de Empleo.
La polémica de las cartas a los pensionistas
La carta que se remite a los pensionistas los meses de enero ha sido históricamente objeto de controversia. La más sonada tuvo lugar durante el gobierno Aznar, siendo Eduardo Zaplana ministro de Trabajo, y se reprodujo más tarde con la llegada del gobierno socialista a La Moncloa. PSOE y PP parecieron alcanzar entonces un pacto no escrito que limitaba esa carta a publicar las cifras de revalorizaciones, evitando los mensajes políticos. Así se hizo a partir del año 2008, cuando las misivas comenzaron a incluir únicamente las cifras y los números de teléfono de atención al ciudadano.
La que se remitió en el año 2008 y que parecía poner fin a la polémica se redactó en los siguientes términos:
La polémica continúa a la espera de que el Ejecutivo popular defina la ley de acceso ciudadano a la información pública, un texto que sigue preparando todavía.
