La banca española se ha curado en salud. El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al cargo de Cristonal Montoro anunció ayer la firma de un acuerdo con Estados Unidos contra la evasión fiscal. Esto es, una medida que evitará a las entidades de crédito españolas que operan al otro lado del charco el quebradero de cabeza de la Foreingn Account Tax Compliance Act (FACTA) estadounidense.
La FACTA es una medida que ha sido muy polémica para la banca ya que obliga a las entidades extranjeras con activos en EE UU a facilitar información sobre sus clientes o, de lo contrario, someterles a una durísima penalización del 30% en sus operaciones –intereses, dividendos, alquileres, salarios, comisiones o cánones–, explicó Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha. “Una normativa tremendamente restrictiva”, confirmó Francisco de la Torre, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda.
Los expertos señalan que España firmará el acuerdo a instancias de Estados Unidos –con una firme convicción de perseguir sin tregua la evasión fiscal de sus ciudadanos más allá de sus fronteras–. El tira y afloja del Tío Sam con la banca extranjera se remonta a 2009 cuando Estados Unidos reclamó a la entidad financiera suiza UBS la identidad de 52.000 de sus ciudadanos sospechosos de evadir capitales en el país helvético. La disputa acabó cayendo del lado norteamericano y UBS terminó por ceder. Con todo, Estados Unidos aprobó la FACTA, que despertó un enorme recelo en la industria bancaria –incluida la española– a pesar de que no entrará en vigor hasta 2013. Razón que, a juicio de los expertos, ha llevado a España a ser uno de los primeros países en adherirse junto con Reino Unido, Italia, Alemania y Francia a la firma contra la evasión fiscal.
Convenio de doble imposición
“La FACTA ha sido algo muy discutido ya que podía ir en contra del convenio de doble imposición firmado entre España y Estados Unidos”, apuntó Cruzado. “Con el convenio de doble imposición en la mano no se podía exigir a la banca una retención de este estilo”, confirmó de la Torre. Sin embargo, los tribunales estadounidenses favorecen su propia legislación, por lo que la banca española se hubiera visto en un serio aprieto en el caso de que hubiera tenido que acudir a la justicia norteamericana por ser penalizada por la FACTA.
Actualmente, el convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos se encuentra en proceso de renegociación. Un acuerdo que data del año 84 y que se ha quedado obsoleto, opinaron los expertos. Desde entonces ha llovido mucho, y tanto Estados Unidos como España han firmado convenios similares con otros países más ventajosos.
“Con el convenio actual salimos mal parados entonces comparativamente”, explicó de la Torre. “También el derecho comunitario ha propiciado que dentro de Europa se pague menos. Una multinacional alemana o francesa con filiales en España y viceversa pueden repatriar sus dividendos sin pagar impuestos. Mientras que en el caso de las estadounidenses estarían gravadas entre el 10% y el 15%. Algo que ha provocado que las americanas tramiten sus dividendos a través de empresas puente en Holanda”, remachó el experto.
