Buena parte de los ministros comparte la idea de que los sindicatos no están para huelgas generales, no solo porque no hay masa crítica para que una convocatoria de esta naturaleza pudiera tener éxito, sino porque una huelga general cuesta mucho dinero, no solo al país, sino también a sus organizadores. Y las arcas sindicales no están, que se diga, para muchas alegrías.

Estos días se puede oír en boca de altos financieros e importantes empresarios, en algunos casos muy vinculados al Gobierno, que las autoridades de Bruselas no verían nada mal una huelga general en España porque vendría a demostrar que las reformas que está promoviendo Mariano Rajoy son tan profundas como las que el propio presidente del Gobierno está explicando a sus homólogos europeos.

En realidad, el Gobierno está compatibilizando en estos momentos dos discursos paralelos. Uno para Bruselas y, en concreto, para Ángela Merkel, y otro para consumo interno en España. El primero enfatiza, por ejemplo, que la reforma laboral aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros es histórica y muy severa, sin parangón con las siete que lleva encajando desde su nacimiento el Estatuto de los Trabajadores. El segundo, acentúa que se trata de una reforma del mercado laboral equilibrada y en nada lesiva para el derecho de los trabajadores. Su objetivo es, como es obvio, quitar margen a los sindicatos para una huelga general.

Las malas lenguas ponen en boca del ministro Luis de Guindos que, de cara a ganar credibilidad en los mercados , no le vendría nada mal pasear por las principales plazas financieras internacionales la foto de una huelga general, demostración de que los sindicatos habrían dado una dura respuesta a las reformas aprobadas por el Gobierno. En otras palabras, que Guindos no le hace ascos a una huelga general. En el otro extremo se situaría, por ejemplo, Javier Arenas, quien estos días pregunta a todo el que se le pone a tiro si habrá o no huelga general antes de las elecciones andaluzas del mes que viene. Guindos y Arenas, este último arropado por el sector más 'político' del Gobierno, tienen intereses enfrentados. De momento, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, con sus movilizaciones callejeras, parece que se han puesto del lado del segundo...