José Ignacio Wert ha repetido dos mensajes muy claros en los últimos días. El primero: que el reglamento de la ley anti-descargas entrará en vigor el primero de marzo, pase lo que pase, y el segundo, mucho más frecuente: en España dejará de existir la cultura de la gratuidad. Ambos mensajes, invariables en su contenido, buscan despejar el camino para poner en marcha un instrumento legal sobre el que pesa una buena parte del descontento ciudadano.
Tan sólo en lo que va de año, algunos colectivos de Internet, entre los que destacan Anonymous o Hacktivistas se han hecho sentir con acciones como la intervención y publicación de datos personales, tal y como ocurrió el pasado 28 de febrero, cuando Anonymous pubilcó datos personales de la ex ministra de cultura Ángeles González-Sinde, de la que se incluyen correos electrónicos, fotos de la fachada su casa y varios teléfonos móviles y fijos, así como información privada sobre diferentes familiares.
Ocurrió lo mismo con el el actual ministro, José Ignacio Wert, así como con personajes como Carlos Bardem, David Bisbal o Chus Gutiérrez, productoras de cine que apoyan la Ley Sinde, políticos como Carmen Alborch y escritores como Vicente Molina Foix. A ese primer atatque siguieron otros más: intervenciones a la página Web de la SGAE, la Academia de Cine, la intervención en los Premios Goya e incluso una campaña puesta en marcha por el colectivo Hacktivistas llamada Wert de Enlaces.
Ésta se basa en una página Web en la que se opne a disposición de los internautas una obra con Copyright© de un socio de la SGAE. Se solicita a las personas que enlacen esa obra, justamente para ser denunciadas por el creador ante la comisión del ministerio de cultura encargada de tramitar las denuncias de la llamada Ley Sinde-Wert.
Uno de los aspectos que más polémica ha despertado del reglamento es el que se refierea las capacidades, alcance y competencias de la Comisión de Propiedad Intelectual de Cultura, la encargada de gestionar lo referente las denuncias sobre aquellas personas que violen el copyright de una obra yq ue deben exigir la retirada del contenido de la Web que aloje o explote dicha obra.
Para Carlos Sánchez, abogado y responsable de la petición de suspensión cautelar del reglamento de la Ley Sinde ante el Tribunal Supremo, el reglamento puede entrar en vigor a patir del primero de marzo, aunque eso no significa, sin embargo, que puedan ponerse en marcha algunas disposiciones que dependen de la conformación de la comisión, aún no aprobada.
De ahí que se haya dispuesto que las notificaciones denuncia puedan recibirse por correo electrónico, justamente para acelerar el proceso y evitar que el reglamento quede en letra muerta. Sin embargo, y más allá de eso, Sánchez considera que es una temeridad que el Gobeirno ponga en marcha una medida como ésta en un momento de tanta tensión.
Opiniones a un lado, lo que sí es cierto es que los colectivos de internautas, enardecidos por la Ley SOPA, han prometido no bajar la guardia y continuar sus acciones de protesta contra lo que consideran un mecanismo de censura y limitación a la libertad de información y expresión.
