Convergencia i Unió, amarrada a los intereses de Gas Natural, y el PNV, a los de Iberdrola, coinciden con las grandes compañías del sector en que la posibilidad de una quita a la deuda eléctrica tendría repercusiones muy negativas no solo para su cuenta de resultados sino también para la imagen internacional de España. “Sería tanto como quedar al mismo nivel de Grecia e, incluso, de Argentina si nos atenemos a los niveles de seguridad jurídica”, se afirma en el nacionalismo catalán.

El equipo económico de CiU se ha reunido con las principales eléctricas y las ha trasladado que no moverá pieza en el Congreso hasta que se abra de verdad la batalla, es decir, hasta que el Gobierno no anuncie sobre el papel lo que realmente hará con el déficit de tarifa. “Si el PP tiene mayoría absoluta, lo lógico es que sea el que se retrate y asuma los costes y las posibles enemistades, nosotros actuaremos después en consecuencia”, comenta una fuente nacionalista.

Los responsables económicos de los principales partidos son conscientes de que resolver el problema del déficit de tarifa supondrá tocar las fibras más sensibles de bancos, constructoras y eléctricas. Una amalgama de intereses cruzados y a veces enfrentados en la que juega también los derechos de los consumidores. “Eso es lo principal, el interés de los consumidores”, se adelanta desde el PSOE, un partido que tendrá escasa autoridad para hacer oír su voz en este conflicto ya que ni Joan Clos, no José Montilla ni Miguel Sebastián, los tres ministros de Industria de la era Zapatero, supieron o quisieron coger el toro por los cuernos.

El caso del PNV es más singular que el de CiU y el del PSOE porque tradicionalmente siempre ha defendido sin disimulos las posiciones de Iberdrola. Los nacionalistas han mantenido reuniones con la eléctrica y han llegado a la conclusión de que si el Gobierno aprueba una quita puede lesionar gravemente el compromiso de la compañía de realizar nuevas inversiones.

Como la regulación del déficit de tarifa descansa en un decreto ley, a priori esta tendría que ser la vía por la que se encauzaría cualquier medida que afectara a la deuda de las eléctricas. Y eso obligará a su paso por el Congreso, donde todos los grupos coinciden en que se librará “la madre de todas las batallas” con los lobbies puestos en pie de guerra.