El Gobierno cree llegado el momento de poner sobre la mesa la regulación del Estatuto de la Familia Real una vez que el estallido del "caso Urdangarín" ha hecho aflorar el "déficit" que en este sentido existe en la legislación española, según admiten fuentes gubernamentales. La imputación del yerno de Su Majestad el Rey a cuenta de los negocios de Nóos ha alertado a PP y PSOE, que a pesar de sus discrepancias en muchos otros campos, han ido de la mano en la defensa de la Corona para evitar que el escándalo afectara al prestigio de la primera institución del Estado. La situación es que, salvo el Rey "el resto de la Familia Real, incluido el Príncipe, no tiene ningún fuero especial". Eso significa, por ejemplo, que cualquier Juzgado ordinario podría llamar a declarar al Heredero, cosa que no pasa con una larguísima lista de cargos institucionales, públicos y electos que, por la naturaleza de su desempeño son aforados. Se trata de un "blindaje" que no impide que den cuentas ante la Justicia pero sí en condiciones especiales.
En esta lista de aforados entran el jefe del Ejecutivo, los ministros, los presidentes del Congreso y del Senado y los diputados nacionales y senadores, que sólo responden ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, siempre y cuando el alto Tribunal solicite el suplicatorio a las Cámaras, que tienen la potestad de negarlo aunque nunca se ha dado el caso. También disfrutan de fuero los presidentes autonómicos, sus consejeros, además de los presidentes de los Parlamentos autonómicos y sus respectivos parlamentarios, que, como los anteriores dependen de la Sala de lo Penal del Supremo o de la Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. En la retina queda el reciente juicio contra el ex presidente de la Generalitat valenciana y diputado regional, Francisco Camps, que fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y no por un juzgado ordinario.
Suma y sigue. Además gozan de fuero especial en el ámbito penal el presidente del Consejo General del Poder Judicial, y del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, los magistrados de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, el Fiscal General del Estado, y los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, así como todos los jueces, magistrados y fiscales. Como tampoco faltan ejemplos recientes en este capítulo, ahí están los dos juicios celebrados en el Supremo contra el ya ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las escuchas a los abogados del caso "Gürtel" y la investigación de los crímenes del franquismo. La lista de aforados la completan el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, y el Defensor del Pueblo, así como los defensores autonómicos. Una larguísima enumeración que contrasta de forma llamativa con la ausencia que, en este sentido, existe en torno a la Familia Real, con la única excepción del Rey.
Estatuto jurídico y fuero
Desde el Gobierno no dudan en que contarán con el apoyo del secretario general del PSOE, de Alfredo Pérez Rubalcaba, para sacar adelante un texto que debe regular capítulos referidos al estatuto jurídico, funciones y fuero de la Familia Real, y, entre otras cosas, aclarar quiénes son Familia Real, cuestión esta que se suscitó tras una controvertida filtración de Zarzuela a principios del mes de diciembre pasado por la cual se afirmaba que bajo esta denominación solo se incluía a los Reyes, a los Príncipes de Asturias y a sus hijas, Doña Leonor y Doña Sofía. Apenas veinticuatro horas más tarde, un comunicado de la Casa del Rey se desdecía de todo lo anterior e incluía a las Infantas y sus hijos así como a Iñaki Urdangarín.
En fin, todo un despropósito producto de ese "déficit" del que hablaba una fuente gubernamental a Vozpopuli, que puntualizaba que, en todo caso "ahora no se puede hacer aunque tendríamos el apoyo de Rubalcaba". Será después, "cuando haya sentencia firme" sobre el caso Urdangarín, que esperan que no se retrase mucho ni se salde con una pena de prisión.
No deja de ser paradójico que hasta ahora la única fuerza política que ha presentado una iniciativa en el Congreso en este sentido haya sido la muy republicana Izquierda Unida. Lo hizo el diputado Gaspar Llamazares registrando a mediados de enero una proposición no de ley sobre el Estatuto jurídico y fuero de los miembros de la Casa de Su Majestad el Rey a través de la cual denunciaba el "limbo jurídico" que había evidenciado el procedimiento contra el yerno del Rey. Tras recordar que el artículo 56.3 de la Constitución establece que"la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" nada más se dice respecto al resto de la Familia Real.
Rechazo a la estrategia de Matas
Llamazares explicaba que a diferencia de lo que ocurre con otras instituciones del Estado "la Corona carece de ley que establezca y desarrolle el estatuto jurídico, el fuero, las funciones y las incompatibilidades respectivas". Tampoco existe, agregaba el diputado de IU, "la necesaria regulación para dotar de transparencia a las partidas que el Rey recibe de los Presupuestos Generales para el sostenimiento de la Familia y de la Casa Real" y sólo los acontecimientos derivados de la situación de Urdangarín "han motivado recientemente una mayor información".
En todo caso, desde el Gobierno y el Partido Popular no ocultan el profundo disgusto que les causa la estrategia de defensa del ex presidente balear Jaume Matas, encargada de poner el ventilador para forzar que el caso saliera de Baleares para recalar en la Audiencia Nacional y que actuales miembros del Ejecutivo califican de "impropia de un ex ministro".
