El Ministerio de Empleo ha reconocido que gastó 1,67 millones de euros en el envió de cartas a los pensionistas, para informarles sobre la revalorización de las pensiones y el impacto de la subida del IRPF sobre sus nóminas. Empleo se refiere a la segunda remesa de cartas, después de que Vozpópuli adelantara un primer envío de propaganda a los jubilados que costó más de un millón de euros. El Ministerio, destaca también que el coste de este año ha sido el menor desde 2008 cuando ascendió a más de 2 millones de euros (en 2010 fue de 1,79 millones y en 2011 de 1,75 millones), y que se trata de una práctica habitual que busca informar al pensionista de los cambios en sus ingresos. El departamento de Fátima Báñez respondía así este miércoles a la denuncia de la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, de que el Gobierno se ha gastado siete millones de euros en enviar dos cartas a cada pensionista. Rodríguez ha revelado esta cifra en el pleno del Congreso, durante una pregunta dirigida a la vicepresidenta del Ejecutivo, sobre si las decisiones del Gobierno respondían a los intereses generales. Según Rodríguez, la remisión de estas dos cartas, una firmada por la ministra, Fátima Báñez, y otra por la directora general de la Seguridad Social, María Eugenia Martín Mendizábal, han costado 450.000 euros en papelería y sobres y 0,36 céntimos más por cada envío. La vicepresidenta del Gobierno le ha contestado que el Gobierno "cumple con su deber al servicio de todos los españoles" y ha esgrimido la mayoría absoluta de su partido como la mejor prueba del aval que tiene el PP para llevar a cabo sus políticas.
La portavoz parlamentaria del PSOE ha exigido que "los españoles merecen una explicación sobre este gasto", sobre todo cuando se han reducido el 50 por ciento las becas para estudiar idiomas en el extranjero.En su réplica, la vicepresidenta ha dejado claro que seis millones de pensionistas han visto actualizadas sus pagas y que al 70 por ciento no le afecta la subida del IRPF. Sáenz de Santamaría ha señalado, en este contexto, que el Gobierno del PP ha subido un impuesto progresivo como el IRPF, y no el IVA, como hizo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sáenz de Santamaría ha considerado que su Gobierno defiende "los intereses generales es gobernar de acuerdo con la voluntad general y, viendo las bancadas, ésta tiene un amplio respaldo social para hacer las reformas que está acometiendo", ha apostillado.Y, según ha remachado, lo está haciendo con diálogo, como lo demuestra el hecho de que la reforma financiera se aprobara en el Congreso con el 90 por ciento de apoyos, cifra que se eleva hasta el 93 por ciento en el caso de las medidas para que las administraciones públicas paguen a sus proveedores.Ha aprovechado además para afear la postura de los socialistas en torno a las manifestaciones sindicales contra la reforma laboral y la huelga general y ha apuntado que no hay mejor manera de defender el interés general que diciendo lo mismo en la oposición y en el Gobierno.
"Campaña de descalificación"
Al margen de las cartas a los pensionistas, Rodríguez ha reprochado al Gobierno que en estos 80 días de mandato haya tomado decisiones que responden "a grupos de intereses, pero no a los intereses generales" de los ciudadanos. Actuaciones como la reforma laboral, que, a su juicio, responde a los intereses de los empresarios mientras el Ejecutivo ha empezado "una campaña de descalificación" de los sindicatos y de "intoxicación" contra todos los que están en contra. Tras una "aparente negociación" con las compañías eléctricas, Rodríguez ha insinuado que "ya les han torcido la mano y les han ganado el pulso" al Gobierno de manera que el déficit tarifario lo pagarán sólo los consumidores, con una subida del recibo de la luz después de las elecciones del 25 de marzo.
La reforma de la ley del aborto, por su parte, "responde única y exclusivamente a los intereses de un sector de la Iglesia católica, que quiere imponer por ley su moral y sus creencias religiosas", ha añadido.Hay otras actuaciones, en opinión de la portavoz socialista, que sólo obedecen "a la propaganda del Gobierno", como el código de buenas prácticas para los impagos hipotecarios."Para la banca, un código voluntario; para las mujeres, un código muy distinto, el Código Penal", se ha quejado.
