El último en animar el debate sobre el gasto farmaceútico ha sido el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, que ayer defendió que el pago de las recetas se vincule a los niveles de renta. "Creo que antes de pedirle a un ciudadano una tasa por un acto médico es preferible hacer una nueva prestación farmacéutica en la que tenga mucho que ver la renta de los ciudadanos y en la que tenga mucho más que ver la solidaridad", afirmó en declaraciones a la Cadena Ser antes de reunirse en Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Y esta cuestión será debatida casi de forma monográfica en el próximo Consejo Interterritorial de Sanidad, que se celebrará entre finales de este mes y principios del siguiente, indicaron a Vozpópuli fuentes del Ministerio de Ana Mato.

Feijóo ponía a voz al pensamiento de muchos de los "barones" populares que, como Esperanza Aguirre, buscan a la desesperada una fórmula que permita ahorrar en gasto farmaceútico y cuyos consejeros de Sanidad ya transmitieron a la ministra el pasado 29 de febrero la necesidad de abordar cuanto antes este capítulo. Ana Mato les reclamó, por su parte, propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema bajo al premisa de que no aceptará el copago en las prestaciones sanitarias. Otra cosa, y en este tema viene trabajando su Departamento desde hace semanas, es el gasto en farmacia y la posibilidad técnica de articular un sistema por el cual se costeen las recetas de la Seguridad Social en función de la renta, tal y como adelantó este medio.

Es por ello, que el próximo Consejo Interterritorial abordará a fondo esta cuestión con el deseo de tener un nuevo modelo para antes del verano que permita a las Comunidades adaptar el nuevo sistema de pago farmaceútico a sus respectivos presupuestos. La mayoría  de las Comunidades, casi todas en manos del PP, se inclinan por el "carné de renta" por entender que "se trata de un sistema más equitativo y justo". Si Cataluña ha optado por imponer un recargo de un euro por receta se debe a que carece de capacidad legislativa para modificar los precios de farmacia, no así para crear nuevas tasas.

"Todo lo que se ahorre en farmacia se puede dedicar a la asistencia sanitaria", es el principio que manejan tanto en Sanidad como en los Gobiernos autonómicos. Pero establecer un sistema modulado en función de la renta plantea problemas técnicos todavía no resueltos. En este sentido, Feijóo señaló que "la crisis no se puede llevar por delante la sanidad. Esta situación crítica que estamos pasando no puede llevar por delante el sistema nacional de salud y dicho esto, haremos todo lo que tengamos que hacer para garantizar la viabilidad del sistema nacional de salud de los próximos años". En concreto, el gasto farmcéutico en Galicia se lleva entre el 8 y el 10 por ciento de los presupuestos de la Comunidad.

Ya existe el copago farmacéutico

En el sistema actual ya existe el copago farmacéutico, porque si bien los medicamentos que recetan los medicos del ssitema público de salud son gratuitos para los pensionistas, el resto de los ciudadanos paga en farmacia el 40 por ciento de su coste. Existen excepciones para los enfermos crónicos, que también ven rebajada su factura farmacéutica a un 10 por ciento. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue la primera en cuestionar la gratuidad para todos los pensionistas y apeló al nivel de renta a la hora de subvencionar la receta.

La ministra Ana Mato no quiso adelantar ayer cuál es la fórmula que prefiere aunque sí subrayó ayer que su compromiso es "garantizar unas prestaciones con equidad para todos los ciudadanos de manera gratuita y universal". En todo caso, el debate está ya sobre la mesa, aunque en el mismo hubo cierta confusión entre lo que es copago sanitario, que todos parecen rechazar, y copago farmacéutico, que ya existe en nuestro país. Extremadura no parece estar mucho por la labor, al igual que Navarra, y Canarias, de poner un recargo a las recetas; Castilla y León y Baleares se suman a Madrid y Galicia, mientras que el candidato a la Junta de Andalucía, Javier Arenas, declaró que "en principio" no estar de acuerdo, aunque abogó por que las Comunidades y el Gobierno  planteen "muy seriamente un pacto que garantice la viabilidad" del sistema "preservando todos los derechos básicos de los ciudadanos".

En definitiva, ninguno quiere ser el primero en dar el paso. Piden medidas conjuntas y, en la medida de lo posible, que sea Sanidad la que lleve la iniciativa.