La Universidad pública se aprieta el cinturón y dependerá menos de las ayudas de las comunidades autónomas y un poco más de lo que abonen los alumnos a la hora de pagar las tasas, masters y matrículas de los repetidores. El ministro de Educación ha puesto sobre la mesa una nueva horquilla que cada autonomía podrá modular, dándoles así un margen de maniobra. Actualmente, los alumnos universitarios pagan el 15 por ciento de lo que cuesta la matrícula, a partir del viernes, las Comunidades podrán cambiar ese 15 por ciento por un 25 por ciento, esto es, la cuarta parte de la misma. Así, los actuales 1.000 euros de media por curso, se convertirán en unos 1.660 en aquellas autonomías que vayan al máximo permitido. La misma variación sufrirán los master habilitantes, aquellos imprescindibles para ejercer la profesión, mientras que por los voluntarios, el estudiante deberá costear el 40 por ciento del mismo.

Además, los malos estudiantes universitarios que lleguen a cuarta convocatoria sin aprobar la asignatura se quedan sin ningún tipo de ayuda pública. Tampoco las recibirán los extranjeros no comunitarios que quieran venir a estudiar a España. Las directivas comunitarias obligan a acoger a los estudiantes de la Unión Europea en las mismas condiciones que los españoles, pero no así al resto. Para el Ministerio éste puede servir de elemento disuasorio de modo que sólo vengan a España estudiantes realmente interesados en cursar sus estudios aquí y no por otras cuestiones extra educativas, quizá las mismas que explican que nuestro país, sin ninguna universidad entre las 100 mejores del mundo es, sin embargo, el destino más solicitado por los estudiantes de la beca Erasmus, esto sí, comunitarios.

José Ignacio Wert ha reunido la Conferencia General de Política Universitaria con la que pactar el penúltimo paquete de ajustes que haga posible el recorte de 3.000 millones de euros que hoy aprobará el Consejo de Ministros. Pero a esas cifras no se llega solo subiendo las tasas. Habrá también una reorganización del mapa universitario que impida que los grupos de estudiantes sean menores de 50 alumnos, puesto que encarce aún más la plaza universitaria. Fuentes de Educación destacaron que "en algunas carreras encontramos que hay más profesores que estudiantes". En la primaria y secundaria se ha optado por aumentar un 20 por ciento la ratio alumno-clase y en el caso de la enseñanza universitaria lo que se hará es poner un mínimo de 50 alumnos por aula.

Las nuevas medidas serán de aplicación para los nuevos estudiantes que accedan a la Universidad, no así a los que ya estén cursando sus estudios, a pesar de que la consejera de la Comunidad de Madrid, Lucía figar, reclamó que se aplicara a todos, posición a la que se aputnaron Cataluña y Baleares aunque sin respuesta por el momento.  "Hay que evitar que se entiendan mal situaciones como que un alumno de segundo o tercero con un alto nivel de renta pague menos que un alumno de primero con un nivel económico y social muy por debajo. Esas situaciones se entenderían mal y hemos pedido al ministerio que abra la horquilla a todos los cursos. Es importante que no haya discriminaciones en cuestión de renta", explicó al término de la reunión.  A diferencia de la reforma farmaceútica aquí no se aplcia un concpeto de renta, aunque la mayoría de los intervinientes autonómicos pusieron el acento en mantener engrasada la política de becas.

 Por su parte, la Junta de Andalucía reclamó que cualquier cambio en la política de precios de las universidades lleve acompañada una política de becas que "compense las deficiencias o dificultades de acceso" de los alumnos por razones económicas, una petición que, en principio, parece haber sido aceptada por Educación. Así lo expuso el secretario general de Universidad, Investigación y Tecnología de la Junta, Francisco Triguero, tras participar en  la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, informa Europa Press.

En cambio, el viceconsejero de Universidades y Educación del País Vasco, Pedro Luis Arias, informó que su comunidad no subirá, "como mucho", más que el porcentaje del IPC.

En España hay 29 universidades privadas y 50 públicas, que acogen a un millón y medio de estudiantes. Sin embargo, hay un 30 por ciento de universitarios que abandonan los estudios.

El PP pone en marcha una campaña explicativa con la que apoyar las reformas del Gobierno

Ante el temor de una creciente conflictividad social, el PP pondrá en marcha una campaña explicativa de las medidas del Gobierno, según anunció ayer el vicesecretario de Oreganización dy electoral del PP, Carlos Floriano. Actos públicas, cuñas de radio, folletos explicativos servirán para intentar apuntalar las medidas del ejecutivo. Floriano resaltó ayer que "no podemos encerrarnos en los despachos ofociales porque gobermanos más sitios que nunca", pero que se corría el riesgo de "centranos edn la gestión y olvidarnos de la política".