Sin complejos, como a ella le gusta. Negando la superioridad moral de la izquierda y declarando sin ambages su apuesta neoliberal. La presidenta de la Comunidad de Madrid aspira de nuevo a liderar el partido en la región a partir de este fin de semana cuando se celebra el XV congreso con una única candidatura, la suya. Y es en las ponencias que se debatirán esos dos días donde pone sobre la mesa las reformas que, a su juicio, aun quedan pendientes, algunas de su competencia, otras del gobierno central.

Bajo el título "Reformas para avanzar" y a lo largo de 19 páginas, los populares madrileños abogan por la necesidad de una Ley de Huelga, anuncian la privatización de Telemadrid, una nueva reducción de subvenciones a partidos, sindicatos y organizaciones empresariales de los que dice que deben financiarse con sus cuotas, la reducción de las subvenciones a ONG para que no superen el 75 por ciento de sus gastos o la libertad para que los comerciantes puedan organizar sus temporadas de rebajas, después de la liberalización de horarios y de aperturas que ya existe en la Comunidad.

Para empezar, los populares madrileños admiten que las “necesarias reformas para preservar el Estado de bienestar y asegurar que España entra en la senda del crecimiento económico” podrán responderse con convocatorias de huelga, algo que se califica de “legítimo”, pero, al tiempo, abogan por preservar “los derechos de las personas que quieran trabajar y disfrutar de los servicios públicos”. Por ello entienden, que para conjugar ambos derechos “la actual ausencia de una regulación legal adecuada del ejercicio de la huelga es fuente de recurrentes problemas. Es conveniente –alega la ponencia—que se aborde esa laguna legal de nuestro ordenamiento jurídico”, esto es, una Ley de Huelga, tema que el Gobierno, hoy por hoy, pretende soslayar. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya ha comentado que no la tiene en agenda.

Sentadas estas bases no queda títere con cabeza. Explican, por ejemplo, que la crisis económica cuestiona la actual dimensión de la actividad estatal y que hay cosas “que no se pueden seguir haciendo”, como es el caso de la televisión pública. Así, “la Comunidad impulsará la privatización de Telemadrid cuando la reforma de la Ley Audiovisual le permita hacerlo”, anuncio ya realizado por el Gobierno central el pasado viernes.

Suma y sigue. El recorte también afecta a las subvenciones públicas que reciben sindicatos, patronales y partidos. Ya se ha producido en todos los casos una disminución en esta partida, pero los populares madrileños defienden además que dichas organizaciones “deberán tender a vivir de las cuotas de sus afiliados, por ello la Comunidad, dentro de sus competencias, seguirá reduciendo sus subvenciones”. El Gobierno autonómico ya redujo drásticamente el número de liberados sindicales.

Replica a Ruiz-Gallardón que la cadena perpetua revisable debe incluir también a los pederastas

Algo menos taxativos son en cuanto a las ayudas públicas que reciben las ONGs, aunque creen que tienen una dependencia exclusiva de las subvenciones públicas que les resta independencia. Conclusión: las administraciones gobernadas por el PP en toda la Comunidad (eso incluye a los ayuntamientos) no subvencionarán ninguna actividad de las ONGs por encima del 75 por ciento de su coste. Tampoco los emprendedores lo tienen mejor y eso que se reclama para ellos un régimen fiscal especial. Y es que se establece que las ayudas públicas a las que puedan acceder “sólo sean concedidas a posteriori, una vez que haya quedado probado el retorno que han producido en términos de creación de empleo, ahorro y optimización.

Por otro lado, después de dar un paso más la Comunidad de Madrid en la liberalización total de horarios y de aperturas de los comercios, el PP propondrá al gobierno de Rajoy una reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista al objeto de que tengan “plena libertad” para organizar la temporada de rebajas.

Pero son muchas otras las cuestiones que los populares madrileños ponen sobre la mesa y no olvidemos que fue Aguirre la que abrió el debate en torno a la necesidad de vincular pago farmacéutico y renta, por lo que no es descartable que algunas de estas propuestas acaben abriéndose camino. Revisión de la normativa medioambiental “para que no suponga un freno al progreso económico sostenible”; fomentar en la escuela pública el uso del uniforme, eliminación de las “barreras legales” que impiden que profesores nativos puedan dar clase en la educación pública”, o que la cadena perpetua revisable no quede solo para los delitos de terrorismo, como pretende Justicia, sino que incluya también a los pederastas, y se aborde una reforma de Ley del Menor que no borre los antecedentes en caso de delitos muy graves, forman parte del inmenso paquete de medidas que los populares madrileños defenderán este fin de semana en su congreso.