La polémica sobre la supuesta manipulación realizada por el anterior Gobierno socialista de la cifra de déficit tiene ya una ‘hermana pequeña’. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, acusó este miércoles a sus antecesores en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, de haber adulterado durante años también las tasas de criminalidad para hacerlas más favorables. En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso, Fernández Díaz subió de golpe casi en 4 puntos este indicador, que cuantifica el número de delitos y faltas conocidos por cada 1.000 habitantes. Los 45,1 por cada 1.000 habitantes de los que presumía el anterior Ejecutivo como la tasa más baja registrada en los últimos años, subieron ayer por arte de la nueva metodología estadística del nuevo Ejecutivo a los 48,9. “Soy ingeniero industrial y sé sumar y restar”, ironizó Fernández Díaz cuando acusó a los socialistas de manipular, incluso, las cifras de población con las que calculó dichos índices.
Ceuta, Baleares, Melilla, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, las de mayor índice de delitos
El ministro del Interior también criticó el oscurantismo de sus colegas socialistas al anunciar que a partir de ahora las cifras de criminalidad no serán ofrecidas con cuentagotas en el Congreso, como en su opinión hicieron sus antecesores, sino que trimestralmente serán colgadas en la página web de su departamento para que todos los ciudadanos puedan consultarlas. Además, añadió que éstas tendrán un mayor detalle al incluir su desglose por comunidades autónomas. Ayer ya dio los primeros pasos en este sentido al facilitar la tasa de criminalidad por regiones, las cuales sitúan a Ceuta, Baleares, Melilla, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, por este orden, como las zonas más peligrosas de España, todas ellas por encima de la media nacional. Pese a todo, y tras ser acusado por los socialistas de echar “agua al vino” de la gestión socialista con las nuevas cifras de criminalidad, Fernández Díaz insistió en que “la herencia recibida es buena. España es un país seguro. Ojalá hubieran sido así las del paro”.
Menos delitos contra el patrimonio
La comparecencia en el Congreso de Fernández Díaz también sirvió para comprobar que las galopantes cifras de paro no han tenido, ni mucho menos, reflejo en los datos criminalidad. Pese a la crisis, las infracciones penales (delitos y faltas) en 2011 volvieron a bajar, aunque fuera sólo ligeramente. De los 2.297.484 conocidas en el periodo anterior, se pasaron el año pasado a 2.283.514, un 0,6% menos. Este descenso fue más acusado, precisamente, en los datos referidos a los delitos contra el patrimonio, los que supuestamente deberían haberse incrementado por culpa de la crisis, como el propio PP auguró mientras estaba en la oposición. Así, estos descendieron un 3,3%.
Dentro de esta modalidad delictiva, el descenso fue más acusado en los robos con fuerza en viviendas y en la sustracción de vehículos, con una reducción cercana al 10% en ambas modalidades delictivas, y los célebre tirones, con un 8,7% menos. Sin embargo, aumentaron los robos con violencia cerca de un 3,9%. También aumentó otro grupo de delitos, los cometidos contra la vida, la integridad y la libertad de personas, con un 3,2% más respecto al 2010. En este punto, sin embargo, se registró un descenso en los más graves, los asesinatos consumados y los homicidios dolosos. De los 401 crímenes registrados en el periodo anterior, en 2011 se pasaron a 387, es decir, un 3,5%. En este punto, la mayor reducción se produjo en los crímenes de violencia machista, que pasaron de 73 a 61, un 16,4% menos.
Aún más descendieron los crímenes contra menores, como la pornografía infantil y la corrupción de menores, con más de un 26%. E, incluso, los de blanqueo de capitales, con un 6% de reducción. De éstos, el año pasado fueron detectados 171, frente a los 182 de 2010. Algunos grupos de la oposición le recriminaron que, con la amnistía fiscal anunciada por su Gobierno, estás cifras se reducirían aún más.
“Forzar el ordenamiento jurídico”
El debate sobre las cifras de criminalidad permitió al diputado de IU Gaspar Llamazares acusar al Gobierno de practicar el “populismo punitivo” por anunciar su intención de endurecer las penas por desórdenes públicos. Fernández insistió que la intención del gobierno con su propuesta es la de “garantizar la paz pública y social” para evitar que se reproduzcan incidentes como los registrados en Barcelona durante la huelga general del 29-M que calificó de “guerrilla urbana” y que, recalcó, pudieron haber acabado en “drama” y “catástrofe”. En este sentido, reconoció que su departamento había tenido que “forzar el ordenamiento jurídico” para encarcelar a los tres detenidos durante estos altercados. “Hay conductas que no tienen una respuesta adecuada en el ordenamiento jurídico”, insistió para a continuación asegurar que el Gobierno está “legitimado por una mayoría democrática” para realizar dichos cambios: "Hay una demanda social”.
