El Ministerio de Fomento ha elevado al Consejo de Ministros un anteproyecto de Ley para modificar la ley de arrendamientos urbanos y la ley de enjuiciamiento civil para dinaminzar el mercado del alquiler, ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta ha señalado que el objetivo de estas medidas es flexibilizar y mejorar la seguridad jurídica en el ámbito de los arrendamientos urbanos para potenciar el mercado del alquiler, que tiene menor amplitud en España que en otros países europeos.

Por otro lado, se ha acordado mejorar la regulación de las socimis, las sociedades anónimas cotizadas del mercado inmobiliario, creadas en 2009, flexibilizando los requisitos para su constitución, como los referidos al capital o al número de accionistas.

Modificación de los contratos de alquiler

El Gobierno también propone que propietario e inquilino puedan pactar voluntariamente la actualizació de la renta, aunque no esté en el contrato, o la renuncia del arrendatario a optar a la compra de la vivienda en caso de que el arrendador quiera venderla.

Respecto a la duración de los contratos de alquiler, el Ejecutivo reducirá a cuatro años el total, tres de prórroga forzosa, desde los cinco actuales, y uno de prórroga tácita, frente a los tres de ahora.

Para la ministra de Fomento, Ana Pastor, la "medida estrella" de las propuestas de su departamento es aquella por la que el arrendatario podrá desistir del contrato de alquiler "en cualquier momento, siempre que lo solicite con un mes de antelación".

A la hora de recuperar la vivienda, el propietario podrá hacerlo sin necesidad de pactarlo previamente en el contrato y con un preaviso de dos meses siempre que sea para su residencia habitual, la de un familiar de primer grado o para el cónyuge en caso de divorcio. Con este anteproyecto de Ley, el comprador de una vivienda arrendada sólo estará obligado a mantener al inquilino en los arrendamientos que estén inscritos en el registro correspondiente. De lo contrario, no estará obligado a ello.

Proteger a los arrendadores

Una de las principales medidas anunciadas por Pastor tratará de paliar la inseguridad de los arrendadores ante los impagos de los arrendatarios, para lo que el Gobierno espera reducir a 10 días el plazo que tienen los inquilinos morosos para abonar las rentas impagadas. Para ello, también simplificará la composición de la comisión judicial que debe ejecutar los desahucios, de forma que en vez de dos funcionarios será suficiente con uno.

Hasta ahora, el abono de renta, que paraliza el procedimiento de desahucio, "era posible hasta el último momento", ha explicado la ministra, que ha asegurado que "se harán el doble de cosas en el mismo periodo de tiempo". Las medidas comprendidas en el anteproyecto de Ley dan prioridad a la voluntad de las partes frente a las obligaciones, ha añadido.

Exenciones fiscales

El Consejo de Ministros también ha anunciado la exención fiscal del 50% de las plusvalías derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos que se adquieran desde hoy y hasta el 31 de diciembre, siempre que no exista vinculación entre las partes. Dicha exención se reflejará en el IRPF, en el impuesto sobre la renta de no residentes y en el impuesto de sociedades correspondientes al ejercicio 2012. La medida formará parte del Real Decreto Ley que, previsiblemente, se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Otras de las novedades es la equiparación de la tributación de los residentes y no residentes y, para ello, se han creado nuevas exenciones destinadas a los no residentes a fin de promover que aquellos que tengan viviendas vacías puedan sacarlas al alquiler.