El Gobierno podría reconocer la deuda de 210 millones de euros en infraestructuras a Cataluña de salir adelante la propuesta de la Generalitat de mantener ese capítulo a cambio de ajustar la misma cantidad sobre otras partidas presupuestarias, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes de Hacienda. El departamento de Cristóbal Montoro negocia contrarreloj las planes de ajuste de las comunidades autónomas que se someterán a examen este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta ahora no ha echado atrás ni uno solo de los planes pero el cruce de sugerencias, comentarios y correcciones es constante. De este modo se van solventando los principales escollos con el objeto de no suspender a ninguna de las comunidades, entre ellas la catalana, autonomía con la que mantenía el mayor pulso a cuenta de los 210 millones que, según la Generalitat les adeuda el Estado en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de autonomía. 

Ya se sabía que las negociaciones con Cataluña avanzaban en buenos términos después de semanas de enfrentamientos por una deuda que el Gobierno se niega a reconocer como tal y de la que el gobierno nacionalista de Artur Mas había hecho casus belli. De hecho, el documento que hizo llegar a Hacienda incluía como ingresos la partida de los 2011 millones que, hipotéticamente se les adeuda del ejercicio de 2009 en aplicación del Estatuto. En concreto, la disposición adicional tercera señala que "la inversión del Estado en Cataluña, en infraestructuras, excluído el fondo de compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del productgo interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas", largo texto que se traduce en una cifra concreta: 211 millones. 

Desde hace semanas se busca una fórmula que permita mantener esta partida como un ingreso sin que se oponga el departamento de Montoro de modo que no envíe a Cataluña a la "repesca" de finales de mes. Y es que aquellas Comunidades que el próximo jueves vean sus planes de ajuste cuestionados, tienen hasta el día 30 o 31 para solucionar las objecciones que se les hagan y volver a someterlas a examen en otra reunión del Consejo. De no superarlo se pondrían en marcha los mecanismos que contiene la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en su artículo 25 establece que Hacienda podrá enviar a aquella autonomía "díscola" "una comisión de expertos para valorar la situacón económico-presupuestaria de la administración afectada" y hacer propuestas de obligado cumplimiento. Además, en un último paso, sería el Senado el que podría determinar la "ejecución forzosa" de las medidas, esto es, la intervención de la administración autonómica.

 Lo más probable es que Asturias vaya a la repesca del día 31, cuando ya tenga, al menos, nuevo presidente del Principado

Precisamente el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, insistió ayer en que la reclamación del pago de la deuda del Estatuto figurará en el plan de ajuste y precisó que "nunca podemos renunciar a la disposición adicional tercera, ni en el principio ni en concreto. Por tanto, ha de estar presente en los planes económicos y financieros". La intención declarada del Gobierno es no intervenir ninguna Comunidad, aunque un gesto de fuerza con alguna de ellas podría ser bien recibido en Europa, siempre temerosa respecto a la capacidad de control que pueda tener sobre las Comunidades. De momento, de forma pública Hacienda sólo han expresado dudas respecto a Asturias, con un ejecutivo en funciones y un más que probable relevo en manos del socialista Javier Fernández. Según Hacienda existen dudas sobre si el nuevo gobierno del Principado se comprometería con el mismo plan de ajuste que se apruebe el jueves. Lo más probable es que Asturias vaya a la repesca del día 31, cuando ya tenga, al menos, nuevo presidente del Principado, aunque para entonces es probable que no haya formado gobierno sobre todo si hay que ir a fórmulas de coalición.

Precisamente ayer, el presidente del Ejecutivo catalán, Artur Mas, presentó sus planes de ajuste. Mas dijo basarse basarse de forma sustancial en las medidas de ahorro impulsadas por el Ejecutivo central en sanidad y educación, pero también anunció otras propias como una tasa para la Formación Profesional de grado superior, una reducción "significativa" de las transferencias a las empresas públicas, que conllevará reducción de plantillas en algunas de ellas, la congelación de la concesión de subvenciones y, sin concretar, algunas privatizaciones y venta de patrimonio inmobiliario. Una de las medidas de calado del plan es que se recortarán "significativamente" las transferencias a las empresas públicas que dependen de la Generalitat, por lo que ha concluido: "No puede haber las mismas plantillas. Hace falta que haya un ajuste de las estructuras de las empresas públicas a la realidad que vivimos", informa Efe.

Andalucía también presentó su plan de ajuste, por el que recorta 2.500 millones de euros del presupuesto de la Junta a través de una reducción de los sueldos de los funcionarios y altos cargos y una subida de impuestos para paliar la reducción de ingresos.