Ábalos pide actuar como perjudicado en el caso Koldo y presenta una pericial contra la auditoría de Puente

José Luis Ábalos contraataca en el caso Koldo. El exministro de Transportes ha presentado su propia pericial a la Audiencia Nacional en la que niega la auditoría elaborada por el actual departamento que dirige Óscar Puente y que le señala como artífice de las adjudicaciones a la empresa de la trama. Además, ha pedido personarse en las diligencias como perjudicado.

Así se desprende de la nueva documental, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que el exministro explica que el encargo a la empresa Soluciones de Gestión se hizo conforme a la legalidad vigente. Además, recuerda que estos contratos ya pasaron por el filtro del Tribunal de Cuentas y que el número de mascarillas adquiridas en plena pandemia por su Ministerio fue ajustado a las expectativas.

El exministro reacciona de esta forma a la auditoría de Puente, que le señala como máximo responsable del proceso de contratación de la empresa de la trama Koldo. En su pericial, asegura que la auditoría contiene "sesgos significativos" dado que se habrían seleccionado comunicaciones y datos intencionadamente para incriminarle en estos hechos.

Personación en el caso Koldo

"La falta de objetividad en la auditoría es evidente. En lugar de presentar un análisis basado en hechos y cifras, el informe se inclina hacia opiniones y juicios de valor. Esta aproximación no es solo inapropiada, sino que también socava la confianza en la auditoría como herramienta de control", reza su pericial.

En paralelo, el exministro socialista ha pedido personarse como perjudicado en el caso Koldo que se sigue en la Audiencia Nacional. Al respecto, alude a los "efectos colaterales" de la auditoría de Transportes la cual, como desveló este medio, ha sido incorporada a la causa tras personarse la UCO en el Ministerio para acceder a su contenido.

Ábalos asegura que este documento se ha presentado a las diligencias para "generar perjuicio y probablemente eludir otras responsabilidades" y apunta además a filtraciones que le estarían perjudicado. "La falta de legalidad y de legitimidad del documento aportado es la que le ubica en la condición de afectado", detalla.

Con todo, la petición de Ábalos se produce en un momento especialmente delicado para él puesto que la acusación que ejerce Iustitia Europa ha solicitado al magistrado del caso Koldo, Ismael Moreno, que le impute en las diligencias. En ese sentido, la Fiscalía Anticorrupción aguarda a las conclusiones de un oficio de la UCO para decidir si respalda la petición o, por el contrario, la deniega.

Fuentes jurídicas consultadas por este medio no descartan que el Ministerio Público apoye lo solicitado por la acusación popular dejando al exministro al borde de la imputación. De acceder el instructor del caso Koldo, tendría que elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo dado que Ábalos está aforado por su condición de diputado. Así pues, esta previsible imputación complicaría su intención de personarse como perjudicado.

Una auditoría "subjetiva y sesgada"

En su pericial, Ábalos asegura que la auditoría de Puente contiene elementos subjetivos y sesgados por cuanto que se buscaría señalarle por las contrataciones que se efectuaron desde Puertos del Estado y Adif (ambos entes dependientes de Transportes) con Soluciones de Gestión.

La auditoría determinó que Ábalos firmó las órdenes de esta compra en la que participó su entonces asesor, Koldo García, y el comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

En concreto, se analizó una primera orden de compra del 20 de marzo de 2020 por la que Puertos del Estado adquirió ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros y una segunda orden de 26 de marzo por la que se adquirió un segundo lote a la empresa que controla Juan Carlos Cueto. 

Además, llamaron la atención que el primer encargo para comprar 4 millones de mascarillas fue sustituido en cuestión de minutos por una segunda orden por la que se duplicaba la partida a ocho millones de euros.

Ahora Ábalos contraataca a este documento y determina que la auditoría no puede tener aval en el procedimiento penal. "No puede considerarse imparcial ni independiente debido a los sesgos identificados, el uso de adjetivos calificativos y la falta de objetividad", determina.