La Abogacía del Estado ha señalado que no procede que emita informe sobre los avales presentados por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal de Cuentas para que los excargos del Govern hagan frente a la fianza solidaria de 5,4 millones que reclama el órgano fiscalizador en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las 'embajadas catalanas' y el Diplocat.
En un comunicado del Ministerio de Justicia se aclara que dicho informe podría afectar a la imparcialidad del Tribunal de Cuentas y ser contrario a los principios de contradicción e igualdad. Llega a esta conclusión tras examinar la propuesta elevada por el Abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, que también declinó pronunciarse sobre los avales presentados por la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF), para hacer frente a la fianza.
El abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, señalaba entonces que la realización del informe que se le había encargado sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales asegurados por el ICF podía plantearle un "conflicto de intereses" por ser los Servicios Jurídicos del Estado parte en este procedimiento.
"Riesgo de nulidad"
García Monteys advertía además de "riesgo de nulidad" del procedimiento si se "rompe el equilibrio" entre las partes. Por ello, elevó una consulta a la Abogada General sobre la conveniencia de realizar o no dicho encargo que este martes ha resuelto en el mismo sentido.
En el marco del procedimiento, la Abogacía también llegó a presentar en verano una batería de escritos en los que rechazaba las diferentes alegaciones formuladas por cargos políticos y funcionarios a los que se reclama la caución.
