La Abogacía del Estado ha presentado un recurso de apelación contra la causa penal abierta contra el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de administración de la empresa pública ante los indicios de un delito de malversación en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros.
La Abogacía cuestiona que se haya admitido a trámite la denuncia que desencadenó el proceso, presentado por el sindicato Manos Limpias, al considerar que solo ha "consignado unos supuestos hechos y datos sin indicar ni cómo se han conocido ni aportar ningún elemento", según ha informado este miércoles 'ABC'. Además, el documento señala que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, "ha incumplido su obligación" de realizar las mínimas comprobaciones previas.
El escrito traslada a la Audiencia Provincial de Madrid que la juez no contaba con "indicio alguno que permita fundar una sospecha, abre una investigación penal en búsqueda de tales indicios solo alentada por informaciones de medios de comunicación".
"Carece de la más mínima fundamentación"
El documento de la Abogacía también afirma que "el auto carece de la más mínima fundamentación respecto de los indicios", y por tanto considera que la investigación contra el vicepresidente de la SEPI es "injusta".
"Difícilmente cualquier juzgado habría iniciado una investigación sólo con una denuncia como la presentada en este caso", sentencia el texto.
