La Unión Española de Abogados Penalistas ha reprendido las reformas llevadas a cabo por el Gobierno en el sistema judicial español y apunta que "las convulsiones que se están produciendo se alejan del interés general de cada uno de los ciudadanos y atienden exclusivamente a las ventajas que en el corto plazo puedan obtener cada una de las posiciones políticas".
La Junta de la entidad concluye que en el "proceso de elaboración de las Leyes no cabe la precipitación, que es enemiga del Derecho y, más aún, es la mayor enemiga del Derecho Penal, y no se puede prescindir de las razones que rigen las reformas, que siempre se habrán de explicar y justificar.
Mediante un comunicado la Asociación ha mostrado su preocupación por "el deterioro jurídico e institucional que atraviesa nuestro país" haciendo hincapié en "la indiferencia por los principios básicos del sistema penal, que se aprecia de forma evidente en las últimas iniciativas legislativas de reforma penal", "para conseguir objetivos políticos inmediatos", alentando que "la reforma operada por Ley Orgánica 10/2022 ha causado estupor en la comunidad jurídica".
A juicio de los abogados penalistas "se han propiciado reformas penales puramente políticas" sin pensar en "el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, sometido a proporcionalidad". La Junta de la UEAP reprocha "la reforma del delito de sedición y el de malversación de caudales públicos" así como la "indiferencia" la clase política "por el principio de autonomía del Ministerio Fiscal".
"Hemos asistido a la emisión de un precipitado decreto del fiscal general del Estado que pretende negar la evidencia, como si fuese misión de la Fiscalía enmendar al legislador en lugar de actuar como garante del principio de legalidad", añaden.
