Pablo Casado señaló el camino y los servicios jurídicos del PP se han puesto manos a la obra. El presidente del PP ya advirtió el pasado viernes, 24 horas después de la votación sobre la reforma laboral, que Meritxell Batet "podría estar prevaricando" por no atender las llamadas del Grupo Popular tras el fallo de Alberto Casero. Ahora, los abogados del partido están analizando esa querella, que sería presentada por el diputado por Cáceres y mano derecha de Teodoro García Egea.
Así lo confirman a Vozpópuli dirigentes del PP muy próximos a Casero, que destacan la "total convicción" del extremeño a "llegar hasta el final" en este asunto tras unos "días difíciles" tras la votación. Desde Génova ven un "futuro judicial complicado" para Batet tras lo ocurrido hace justo una semana, pero tienen claro que, de presentar una querella contra la presidenta del Congreso, debe ser Casero, como principal afectado, quien la presente.
En ese sentido, las fuentes consultadas destacan que Casero "vio vulnerado su derecho a votar", recogido tanto en la Constitución como en el Reglamento del Congreso, y que, por tanto, "más allá del resultado de la votación, el afectado personal es él". El diputado, en todo caso, contará con el respaldo de "todo el partido" y de sus servicios jurídicos.
En contacto con Génova
El equipo legal de Génova, liderado por el abogado Alberto Durán, lleva desde la semana pasada analizando la viabilidad de esa querella, que "tiene muchos visos de salir", afirman altos cargos del Partido Popular.
Las mismas fuentes afirman que Alberto Casero "se ha dado unos días" para alejarse del ruido mediático tras la votación del pasado jueves, aunque "ya desde este miércoles está a disposición de Génova para aclarar cualquier duda sobre lo ocurrido hace justo una semana y preparar una estrategia judicial conjunta contra Batet.
En opinión del PP, la presidenta del Congreso tenía que haber reunido a la Mesa del Congreso, antes del inicio de la votación, tras haber sido advertida del error en la votación de Alberto Casero. La propia Batet, de hecho, reconoció el pasado jueves, antes de dar por finalizado el pleno y al ser requerida por Cuca Gamarra, que había sido informada de lo ocurrido y que ella misma se lo había trasladado a los integrantes de la Mesa.
Esa afirmación, sin embargo, ha sido desmentida por el representante de Vox en la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, y el vicepresidente de la Cámara, el también socialista Alfonso Gómez de Celis, aseguró en La Sexta justo lo contrario que su compañera Batet, dando a entender que no se dio ningún tipo de información a los integrantes del órgano de gobierno de la Cámara.
Más allá de esa contradicción, el PP entiende que Batet tuvo que reunir, sí o sí, a la Mesa antes de que se produjera la votación y que el mero hecho de no hacerlo es el mejor argumento para una querella por prevaricación.
Acción con "efecto inmediato"
Las fuentes consultadas admiten que la presidenta del Congreso es el principal objetivo judicial del PP y que la prioridad "es conseguir que la investiguen". Añaden, además, que una querella contra Batet supondría una "acción judicial con efecto inmediato", ya que "de admitir cualquier juez la querella, la presidenta del Congreso pasaría a ser investigada de forma automática".
De admitir cualquier juez la querella, la presidenta del Congreso pasaría a ser investigada de forma automática
Ese "titular", afirman, sería "demoledor" para el Gobierno y para la propia Batet, a la que "no le quedaría más remedio que dimitir". El PP admite, en todo caso, que la presidenta de la Cámara "puede asustarse" y convocar una reunión extraordinaria de la Mesa para analizar la petición del PP. No obstante, la mayoría de PSOE y Podemos evitaría "cualquier repetición de la votación".
Desde el Partido Popular destacan que el recurso ante el Tribunal Constitucional también cuenta con argumentos jurídicos de peso, como la autorización de la Secretaría General del Congreso al diputado Alberto Casero para la emisión de su voto por el procedimiento telemático, en la que se subraya que se realiza en los términos de "la Resolución de la Mesa de la Cámara para el desarrollo del procedimiento de votación telemática, de 21 de mayo de 2012".
En la citada resolución, se establece, en su punto cuarto, que "tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la Presidencia, u órgano a quien delegue, comprobará telefónicamente, con el diputado autorizado, antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este". Una comprobación que no se realizó en el caso del diputado.
Las fuentes consultadas señalan, en todo caso, que el recurso ante el TC "no se resolvería de forma inmediata" y que, por tanto, el Gobierno y Batet no se verían afectados por la posible resolución: "Pasaría como con las sentencias contrarias al estado de alarma". La prioridad, por tanto, es determinar si se presenta o no la querella por prevaricación.
El antecedente de Podemos
La estrategia del PP con Alberto Casero recuerda a la de Unidas Podemos con Alberto Rodríguez cuando Meritxell Batet le retiró el escaño de diputado.
La formación morada ofreció al canario todo su respaldo, pero delegó en él la presentación de la querella contra la presidenta del Congreso. Batet, "para protegerse", convocó en reiteradas ocasiones a la Mesa y pidió informes a los letrados del Congreso. Finalmente, el diputado Rodríguez no presentó la querella contra ella.
Desde el PP, sin embargo, insisten en que hay argumentos de sobra para ir contra Batet a través de una querella. Aunque, como en Podemos, señalan a Casero como el autor de la misma, al ser el afectado por la decisión de la presidenta de la Cámara.
