Comité de Control, 'controlado'. Arcadio Mateo del Puerto, director general de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) y señalado por el juez Eloy Velasco como el presunto cabecilla de la trama de corrupción desmantelada en la 'Operación Frontino', consiguió colocar a uno de sus más estrechos colaboradores al frente del órgano interno que creó la empresa pública a marchas forzadas para revisar las adjudicaciones tras conocer que la Fiscalía Anticorrución había iniciado una investigación. Se trataba de Francisco Javier Gómez Pastor, que hasta su detención el pasado 18 de enero ocupaba el puesto de gerente de Contratación de la compañía.
El Comité de Control elaboró el informe 'ad hoc' que sirvió a Acuamed para despedir a dos trabajadores que se negaron a avalar supuestas irregularidades
En el auto del juez Velasco del pasado 20 de enero por el que enviaba a prisión a cinco de los 13 detenidos en la 'Operación Frontino' situaba a Gómez Pastor en el núcleo de la trama liderada por Arcadio Mateo. De hecho, fue encarcelado aquel día al considerar el magistrado que, junto a otro directivo de la compañía en la Comunidad Valenciana, se plegó "sin discusión a las órdenes arbitrarias e irregulares" del presunto cabecilla "en búsqueda de beneficios propios, como ascensos, prebendas y agasajos de contratistas". Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que entre esas directrices se encontraba, presuntamente, la elaboración del informe de 21 páginas que permitió despedir en julio de 2015 a dos empleadas de la compañía pública que se habían negado a avalar las irregularidades en los contratos adjudicados.
De hecho, en el año que este comité estuvo operativo con Gómez Pastor entre sus integrantes sólo consta la realización por su parte de dicho documento, que se centraba en un único contrato, el adjudicado a FCC para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix, en la provincia de Tarragona. Un trabajo elegido, presuntamente, porque en él habían trabajado las dos empleadas despedidas, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, aunque en su momento se justificó ante el Consejo de Administración por ser el contrato "de mayor inversión sin recuperación de costes" en los que estaba embarcada la empresa pública. El juez Velasco también ha incluido dicha adjudicación en sus pesquisas.
Tres obras más
El Comité de Control también incluyó en su "plan de actuaciones" para 2015 otras tres obras, aunque no consta que finalmente elaborara ningún informe específico sobre las mismas. Se trataba, en concreto, de la "laminación y control de avenidas en la cuenca media del río Serpis", también investigada por el magistrado; la construcción de la planta desaladora para riego de Águilas, en la Región de Murcia, y las obras para instalar las tuberías entre la desaladora de Carboneras y el Valle de Almanzora. "Se procederá a evaluar todo el proceso, desde la licitación pública hasta la liquidación o el momento actual, incluyendo la viabilidad del proyecto", se determinó como guía de trabajo en la reunión del Consejo de Administración que dio luz verde a dicho plan.
El Consejo de Administración aprobó la creación del órgano fiscalizador semanas después de que Anticorrupción comunicara a Acuamed que era investigada
Pese a las prisas por crear el Comité de Control Interno tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando la denuncia del directivo despedido, la idea no era, ni mucho menos, nueva. De hecho, venía de principios de 2014, cuando el escándalo aún no había estallado. En la reunión que celebró en marzo de aquel año, el Consejo de Administración recibió los Estatutos y Código ético que debían regir la actividad de este nuevo órgano. Sin embargo, el asunto quedó aparcado al plantear la Dirección General del Patrimonio del Estado "algunas reticencias" sobre "si debía incorporar previsiones de actuación en lo relativo a la responsabilidad corporativa y penal". Por ello, entonces los consejeros acordaron "posponer cualquier decisión sobre este asunto".
Y así permaneció hasta la reunión del máximo órgano de dirección de la compañía que se celebró el 13 noviembre de 2014, cuando se cumplían ya más de siete meses de la denuncia de Francisco Valiente, el directivo que destapó el escándalo y fue despedido, y Acuamed sabía desde hacía algunas semanas que estaba siendo investigada. Todo ello llevó a Arcadio Mateo a llevar de nuevo al Consejo de Administración la creación de dicho Comité. Aquel día, el Consejo de Administración decidió "acordar, por unanimidad, la puesta en marcha del Comité de Control Interno, de competencias transversales, con el fin de que comience a realizar sus funciones y sin perjuicio de la creación, en su caso, de la Comisión de responsabilidad corporativa y penal a instancias de la Dirección General de Patrimonio", reza el acta de dicho encuentro al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Retraso en la puesta en marcha
Sin embargo la puesta en marcha real del Comité aún se retrasaría dos meses. Según se recoge en el acta del Consejo de Administración del 29 de enero de 2015, sus integrantes fueron informados entonces "sobre los preparativos adoptados" para que el que debía ser un órgano fiscalizador iniciara sus actividades sobre lo trabajos del embalse de Flix y "todos los proyectos asociados". Un mes después, el 26 de febrero de 2015, el hoy encarcelado Arcadio Mateo presentaba en el Consejo "la propuesta de Plan de actuaciones" con las cuatro obras elegidas. No obstante, los primeros resultados de la Comisión de Control tardaron en llegar otros cinco meses.
Para 2015, el Comité de Control debía investigar cuatro obras. Sólo consta la elaboración del informe de una de ellas, el que sirvió para despedir a dos empleadas
Fue en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 30 de julio del año pasado cuando los integrantes de la misma recibieron el informe fechado una semana antes en el que se recogía lo que calificaban como "una serie de deficiencias e irregularidades halladas en el desarrollo de la auditoría" en el contrato de FCC para limpiar el embalse de Flix. Entre ellas, destacaban una supuesta "falta de cumplimiento de forma estricta de algunos de los requerimientos contractuales ligados a la ejecución". Fue el argumento esgrimido por el director de la Asesoría Jurídica para proponer "los despidos disciplinarios", de las dos trabajadoras que se había negado a cumplir las órdenes supuestamente irregulares de Arcadio Mateo. El Comité de Control Interno parecía estar 'bajo control'.
